Diego Sachetti, abogado de las familias, indicó que el Estado tiene la obligación de brindar las posibilidades a los ciudadanos para alcanzar estándares de habitación adecuados.
El profesional dijo que hay normas internacionales “que impiden el desalojo forzoso y exige al Estado proveer viviendas seguras para los habitantes”.
Los vecinos tomaron esos terrenos –destinados, en principio para espacio verde, pero devenidos en basural- acuciados por la situación de hacinamiento en que habitaban, los altos alquiles y la falta de políticas públicas destinadas a generar las condiciones de acceso a la tierra y la vivienda para los sectores populares.
Para el abogado hay ausencia de políticas públicas para que los sectores populares accedan a una vivienda. En este sentido explicó que solicitaron información a instituciones políticas sobre sus actuaciones para garantizar el derecho “hicimos pedidos a la municipalidad, Salud Pública y la Provincia de cuáles eran las políticas públicas de acceso a al tierra y la vivienda para los sectores que están de bajo de la línea de la pobreza. Sólo contestó Salud Pública para comentar las campañas de relevamiento de datos en el periodo posterior a la ocupación de los espacios. Ningún organismo contestó nada”.
Sacchetti agregó que en el fallo se omiten las presentaciones realizadas por la defensa “el juez se equivoca porque tiene la obligación de expedirse sobre lo que se le plantea, esa es su obligación. Nosotros hacemos planteos constitucionales que son el pilar de la defensa del desalojo y nos dice que tenemos que hacer la presentación donde corresponda, sin decir cual es la vía.”
Recordemos que los vecinos ya sufrieron un desalojo cuando ingresaron a los terrenos en 2009. Luego aprovechando la visita de expertos internacionales en la problemática de la falta de tierra y de vivienda que colaboran con la ONU, los vecinos reingresaron a los terrenos y allí permanecieron hace casi tres años, en casas precarias y sin los servicios básicos.
FUENTES: FM de la Costa-Radio Encuentro