Luego de analizar sus alcances, y teniendo en cuenta nuestra anterior opinión sobre la ley que se viene a reglamentar, la Nº 4.735, es tan o más inconstitucional que aquella, y adelantó será atacado judicialmente, por lo que será prácticamente imposible que integre la comisión que allí se crea.
Mencionó que el decreto en cuestión no hace más que poner en funcionamiento el perverso sistema de disponibilidad de agentes públicos, y acrecienta la gran incertidumbre que existe al respecto, sumando causales presuntamente objetivas para justificar la confección de listas de personal disponible.
Además consideró que las flagrantes violaciones a la Constitución Nacional y Provincial de la ley, jamás pueden ser saneadas por una norma inferior, o reglamentaria, como es el decreto, que además de ni siquiera pretender sanearlas, las agrava, ya que suma elementos a considerar para nutrir lo que se denominan listas de personal disponible, y para nosotros representan verdaderas "Listas Negras".
No puede pretenderse que una agente público con un apercibimiento aplicado hace 15 o 20 años, pueda ser disponible y expulsado de la administración pública por esa sola razón, esos es un disparate más de este régimen que insisto es verdaderamente perverso.
Se insiste con poner en marcha este mecanismo, con una ley sancionada de apuro a menos de 20 días de iniciado el actual Gobierno, que luego demoró casi 90 días en reglamentar, y lo hace de manera deficiente y tan inconstitucionalmente como la ley que reglamenta, consolida el neto corte persecutorio de la norma, no solo por cuestiones políticas, sino hasta personales o profesionales, que nada tienen que ver con la idoneidad y el desempeño de miles de agentes públicos.
Concluyo que cuando finalicen los estudios más profundos sobre los alcances del decreto, sobre fines de la semana que viene, se estará presentando una nueva acción de inconstitucionalidad, ahora contra el Decreto Nº 291/2012, por reglamentar una norma claramente inconstitucional, y padecer además de otros vicios propios, que exigen una pronta respuesta judicial.
Se trata de un nuevo mojón, una nueva vuelta de tuerca en la política de recursos humanos de este gobierno: de ajuste, apriete y miedo.
Finalmente, le recomendó a aquellos agentes de planta permanente, a las agrupaciones gremiales que nuclean al personal afectado, a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, y al propio Defensor del Pueblo, que estén muy atentos en como evoluciona la aplicación de este régimen de disponibilidad, porque es clara la estrategia del Gobierno de instalar mensajes de tranquilidad por los medios de difusión masiva, o en sus discursos, pero luego, en los hechos, cuando uno ve los anuncios plasmados en leyes o decretos, los alcances de sus políticas son muchos más graves y severos que en los anuncios, siendo este uno de los casos más típicos sobre dicha estrategia de comunicación. Lo mismo sucede con la ley anti cianuro finalizo.