Del encuentro, que se desarrolló en la sala de sesiones del Concejo, participó Marcelo Redi, propietario de la concesionaria Motokeros, quien se mostró conforme con la idea central del proyecto, pero opinó que hay algunas cuestiones que se deben modificar.

Señaló que “no se puede obligar al cliente a comprar el casco” porque “muchos ya tienen un casco anterior o deciden comprarlo en otro comercio”. Agregó que “tratamos de apuntar a la libertad del cliente”.

Admitió que “hay mucha gente que compra una moto y no compra casco, pero también hay mucha otra gente que compra el casco solo. En nuestro caso es así, salen muchos más cascos nuevos que motos”.

Dijo que todos los cascos que se venden son reglamentarios porque “las distribuidoras no se arriesgan a vender cascos que no lo sean” y aclaró que si hay comercios que venden elementos de seguridad que no cuentan con los requisitos mínimos “son los menos”.

“El casco más económico cuesta 200 pesos, pero hay algunos de 2000 o 3000 pesos. Hoy, cualquier persona que compra una moto puede comprar un casco”, señaló.

Además indicó que el casco “después de un año hay que tirarlo y compra uno nuevo” y comentó que muchos países europeos venden cascos con fecha de fabricación para poder determinar con exactitud su tiempo de efectividad.

De todas romas, planteó que “la raíz de esta problemática es que tenemos seis o siete inspectores para más de seis mil motos. Es muy poco. Nosotros venimos a decir particularmente que traten de poner más inspectores”.

En tanto, el autor del proyecto, el concejal Federico Díaz, manifestó que todos los ediles tienen un criterio unánime sobre la importancia de la iniciativa, pero “no por eso dejamos de abrir este espacio de discusión”.

Explicó que los empresarios “plantearon sugerencias y hablaron incluso de un ‘plan canje’ para tener en cuenta”. Esto incluiría a los clientes que ya tienen un casco viejo y quieran adquirir un nuevo.

“Estamos hablando de la seguridad de las personas, creo que vamos a acordar un proyecto en común”, dijo.

Sobre la falta de inspectores, Díaz admitió que “la demanda es muy grande y el poder de policía que tienen los municipios, no solo este sino la mayoría, es limitado”.