El funcionario se mostró esperanzado en la utilidad que para ello pueda tener la capacitación en Mediación Comunitaria para Personal Policial Subalterno, que comenzó hoy en esta capital.
Lastra sostuvo que “si la policía actúa para evitar las usurpaciones y detiene  alas personas para averiguar sus antecedentes, sin una orden judicial, la noticia periodística de hoy estaría relacionada con una medida de represión”.
“Tenemos que entender que en el marco de la ley todo es posible. Repito lo que dijo el gobernador: estas usurpaciones son producto de casi una asociación ilícita porque van hacia un lugar en grupo hacia tierras con problemas e dominio, a determinadas horas, con personas que tienen conocimientos de topografía”, expresó.
Mencionó que “hay terrenos de personas que poseen en Viedma mucha tierra, pero que nunca son ocupados porque se sabe que tienen una gran práctica judicial”.
También indicó que los ocupantes “se colocan en lotes que les puede dar el tiempo necesario para afianzar su ocupación hasta que aparezcan los dueños”.
Tras mencionársele que las familias que sitiaron terrenos en el barrio Santa Clara dijeron pertenecer al PJ local, Lastra aseguró que el Partido Justicialista “no ha participado en esto, no hay instrucciones de colaborar ni de participar. Aquellos que se autotitulan peronistas no son orgánicos, pueden tener sentimientos o ideología, pero no hay ninguna organización que responda al justicialismo que esté organizando esas tomas”.
Sobre el reclamo del municipio viedmense respecto de la necesidad de custodiar las ‘tomas’, dijo que para ello se necesitarían unos 280 uniformados. Explicó que son siete ocupaciones y que deberían disponer 10 policías para cada uno las 24 horas, es decir, cuatro turnos.
Tras destacar la diferencia entre ocupación y usurpación (que se produce cuando es violentado o sobrepasado el cerco de un inmueble), Lastra dijo que el curso de esta tarde es importante para que los efectivos policiales sepan cómo actuar ante situaciones similares a esta.
Por otra parte, el ministro admitió que el legislador Alfredo Vargas y el concejal Juan Carlos Cerone estuvieron hablando con la gente en las tomas, ya que “creyeron conveniente hablar con las personas para hallar una solución”.
“El responsable de la seguridad, más aún si se trata de tierras fiscales, es la municipalidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que hicimos: ponernos a disposición y tener una audiencia con la Justicia. Si las cosas no se hacen de manera ordenada, pueden sentirse molestos algunos –como el intendente- que tienen la responsabilidad de dar estas respuestas”, entendió.
“Estamos armando un protocolo de acción, para llevar adelante una vez que la justicia ordene el desalojo, y otro de prevención”, concluyó.