Reiteraron que estas prácticas "configuran, inequívocamente, una acción anárquica que avasalla la convivencia en libertad que a todos nos otorga el estado de derecho. La ocupación de terrenos y/o inmuebles, sean privados o fiscales, constituye una flagrante actitud que no puede ser convalidada bajo ningún punto de vista, máxime cuando detrás de ella se vislumbra la sospecha de una maniobra por parte de personajes nefastos que fogonean estas tomas, aprovechándose, en beneficio de sus mezquinos intereses, de las necesidades de familias humildes, alentando en ellas falsas expectativas".
Aclararon que reconocen "la legitimidad que tiene todo ciudadano de acceder a un terreno o a una vivienda propia, pero siguiendo los caminos adecuados, que no son los de pasar por encima de las normas vigentes ni vulnerar los derechos de terceros".
Por lo expresado, es que se mostraron "convencidos de las obligaciones que aquí tienen las autoridades, provinciales, municipales y judiciales. Por parte de las primeras en cuanto a atender los justos reclamos habitacionales en tiempo y forma, y en el último caso haciendo cumplir las leyes".
Con respecto a la posible presencia en estos hechos de seres inescrupulosos, no dudan "de que los tres estamentos mencionados deben llevar adelante una profunda investigación a fin de confirmar ese accionar, en cuyo caso debe aplicarse sin dudar el castigo que correspondiere".
18 mayo 2024
Viedma