El dirigente recordó que el área de Capacitación del Parlamento provincial se creó a instancias de APEL y que hasta el momento esas actividades se co-financian entre el gremio, la Legislatura y los trabajadores.

“Hemos logrado que alrededor del 15% de los legislativos rionegrinos tengan hoy algún título de nivel superior, específico para nuestra tarea, como lo son los Técnicos en Gestión Parlamentaria o Licenciados en Gestión Parlamentaria, quienes –además- son luego capacitadores de sus compañeros de trabajo, es decir, dejamos de ir a buscar gente afuera. Eso que se hizo ahora es retroceder”, sentenció hoy en Frecuencia VYP.

La molestia de Gatica, quien además es Secretario Adjunto de la Federación de Empleados Legislativos del país (FELRA), nace tras tomar conocimiento de la firma de un convenio con la Asociación Argentina de Taquígrafos Parlamentarios (AATP) para avalar la certificación del curso de capacitación sobre el Código Taquigráfico que se dicta en Viedma.

Al respecto, Gatica expresó que “advertimos que el Secretario Legislativo, Luis Ramaciotti, reivindica a una persona que fue su defendida -y en su momento separada del cargo en el cuerpo de taquígrafos- trayendo a una asociación que nadie conoce”.

Añadió que “no tiene ningún sentido firmar un convenio con una entidad que no está en la provincia y que no representa a trabajadores legislativos. Sabemos que tienen adheridos alrededor de 250 taquígrafos, lo que implica algo menos del 0,01% de ese sector de trabajadores en el país”.

El titular de APEL recordó que “hace un par de años hubo un incidente en el cuerpo de taquígrafos, entre quien lo conducía y una compañera que allí cumple funciones”.

Acotó, en el mismo sentido, que por una decisión de la Junta de Admisión, Disciplina y Calificaciones y por un dictamen de un perito psicológico externo de la Legislatura se determinó que la persona en cuestión no podía estar a cargo ni conduciendo a personal.

“Desecharon su reclamo administrativo y el judicial fue encabezado en ese entonces por el actual Secretario Legislativo, el abogado viedmense Luis Ramaciotti, quien cuando asumió –en diciembre pasado- una de las primeras medidas que adoptó es ponerla nuevamente al frente del cuerpo de Taquígrafos”, precisó.

Agregó que esa persona “es la que hoy trae a esta entidad para desarrollar un curso que lo dictan nuestros trabajadores. Se trata de una entidad que no tiene reconocimiento del ministerio de Trabajo de la Nación, no sabemos cuales son sus objetivos. Si a nosotros nos piden exigencias de todo tipo para convenios de reciprocidad, nos parece que aquí debió suceder lo mismo”.

“¿A qué estamos jugando? ¿Para qué nos sentamos a acordar, dialogar y llevar adelante políticas conjuntas con el fin de brindar un mejor servicio?”, se preguntó.

Aseguró que esa situación “nos molesta como gremio y como trabajadores porque cuestionan nuestro grado de representatividad” y añadió que “mal que les pese a algunos funcionarios APEL es el único sindicato legalmente reconocido y que representa a la totalidad de los trabajadores que están insertos en la Ley Nº 838. Eso lo dice el ministerio de Trabajo de la Nación, no lo decimos nosotros”.

“Si en el futuro debemos hacer un planteo mucho más firme significa que nosotros no buscamos un conflicto, sino que lo están buscando ellos. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados y nuestros trabajadores tampoco”, concluyó.

Tribunal de Cuentas

En otro orden de preocupaciones, Gatica mencionó que el gremio que conduce recibió ayer reclamos de varios trabajadores del Tribunal de Cuentas de Río Negro, informándoles sobre una directiva consistente en la suspensión durante el lapso de tres meses de las licencias que se otorgan por razones particulares y que están contempladas en el artículo 41, inciso H, de la Ley Nº 838/73.

“Tuvimos una reunión con Mario Sabbatella y Erika Acosta para comunicarles que esta medida es inviable técnica y legalmente. No se pueden suspender los derechos de los trabajadores, y menos en forma verbal porque a alguien se le ocurre”, resaltó.

Más adelante aclaró que “con (Juan) Huentelaf no pudimos dialogar porque viajó ayer, minutos antes de la reunión, y regresará recién la semana que viene”.

Cabe destacar que la Ley Nº 838 comprende al Poder Legislativo en su conjunto, es decir, que incluye al Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Defensoría del Pueblo. Hay igualdad de condiciones de derechos, deberes y obligaciones.

En ese rumbo, Gatica subrayó que “el único que puede reglamentar esa norma legal es el vicegobernador de la provincia, tal como reglamenta las leyes el gobernador en el ámbito del Poder Ejecutivo. No puede haber modificaciones ni directivas internas de manera individual”.

Aseguró que “esto fue entendido por Sabbatella y Acosta, por eso quedó sin efecto”.

“Nos parece grave y preocupante que se tomen decisiones verbales. Creemos que necesariamente debe existir una fundamentación y la firma de un responsable. No es posible que por un pedido de licencia, de cualquier tipo, deban intervenir los integrantes del Tribunal, en lugar de los directores o titulares de las áreas de Recursos Humanos”, finalizó.