El proyecto de Ramos, propone prohibir a perpetuidad los locales de esparcimientos bajo la modalidad de cabaret, whiskería, night club, boite, casa de mases u otro que  implique la tarea de de alternadoras, coperas o cualquier otra denominación que reciban las personas contratadas para “estimular el consumo o gasto de los clientes en su compañía”.

Además, el proyecto prohíbe concesión de habilitación de locales de esparcimientos en estos rubros a personas condenadas o procesadas con resolución firme por delitos de trata de personas u explotación sexual, sean estas propietarias de locales, administradores o terceros que hubieran obtenido una ganancia.

Asimismo, la iniciativa establece que las habilitaciones comerciales vigentes bajo estos rubros caducarán de forma automática y definitiva a seis meses de la sanción de la norma, sin necesidad de intimación previa.

La titular de Derechos Humanos del municipio manifestó su acompañamiento al proyecto y remarcó que hay legislaciones similares en otras provincias. “Tiene que ver con un posicionamiento ideológico y personal al respecto”, dijo.

Entendió que “es un tema muy sensible, que suma al debate” y remarcó que el Estado “debe hacerse responsable de estas cuestiones”.

“Tenemos que tener en claro, por lo menos desde el Estado, que debemos garantizar los derechos de las personas. Mirar a una persona como cosa, como objeto con un precio, me parece grave”, dijo a FM de la Costa.

“La trata de personas es una flagrante violación a la dignidad humana, a los derechos personalísimos, a la integridad psicofísica de las víctimas. Hay que trabajar al respecto”, dijo Cofré, pero pidió que esto “no sea lo único” porque “aparte de la legislación se necesita un cambio cultural”.

Señaló que muchas de las personas que se desempeñan en estos rubros “están en una situación de total vulnerabilidad” y aseguró que “en la mayoría de los casos son mujeres, niñas y adolescentes”.

Opinó además que, pese a los avances en materia de prevención y erradicación de la trata de personas, todavía “falta preparación y formación de los diferentes funcionarios del Estado respecto al tema”.

Un caso poco ético

Por otra parte, Cofré se refirió al polémico caso de un trabajador de la Defensoría del Pueblo que alquila un local en el barrio San Martín donde funciona un comercio de estas características.

“Es poco ético. Podemos volver al debate de lo legal y lo legítimo, pero me parece que debe haber un cambio cultural”, señaló la funcionaria.

“Legalmente habilitaron el lugar, pero alquilado o no, es poco ético”, reiteró Cofré.

Cabe destacar que el pasado 3 de abril, en el marco del Día Provincial de la lucha contra la trata de personas, el entonces defensor del pueblo interino, Gustavo Casas, destacaba la necesidad de avanzar en políticas públicas tendientes a abordar la problemática de este delito e instaba “a los representantes, tanto provinciales como municipales, a trabajar en la elaboración de las mismas, a capacitar a sus operadores y a asumir el compromiso de trabajar interinstitucionalmente en la persecución del delito y en la asistencia a las víctimas”.

Asimismo, durante el plenario de Defensores del Pueblo de la República Argentina (del que participó Casas) se resaltó que “en materia migratoria es necesario profundizar el análisis y la atención sobre este fenómeno”, al tiempo que se admitió que en nuestro país “todavía hoy se observan graves episodios de discriminación y se alertó sobre los efectos que genera la deficiencia de políticas públicas, con sus secuelas de trata de personas y trabajo esclavo.