A tal fin se convocaron el pasado miércoles 28 de junio, a las 20.30 horas, en las instalaciones de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción de Viedma, las que fueron solicitadas al efecto, agregándose la Cámara Argentina de la Construcción, Colegio Médico, Colegio de Abogados, Colegio de Contadores, escribanos y vecinos.
Con la finalidad de informar sobre los fundamentos y procedimientos de aplicación del citado proyecto de plusvalía, expusieron en primer lugar la Dra. Diana Sánchez, en representación del Colegio de Abogados, y el Sr. Febo D. Capponi, por el Colegio de Martilleros y Corredores, con una introducción a la norma propuesta, sus articulados y con ejemplos de aplicación de los mismos, lo cual motivó una activa participación de los presentes.
Como conclusión, hubo coincidencia en cuanto a que la presentación, la argumentación legal y los métodos, de aplicación por parte del Concejo Deliberante, no resultan satisfactorios y crean un cúmulo de dudas. Por lo tanto, se comprometió la activa participación ciudadana para abrir una instancia previa de mayor información y discusión, inclusive con los organismos del Estado, a fin de arribar a una opinión definitoria de la sociedad en esta cuestión.
La plusvalía
En los términos del referido proyecto de ordenanza, se considera a la plusvalía como el mayor valor adquirido de un inmueble por el cambio de una norma, adjudicada exclusivamente por el Municipio, y sobre el cual el mismo participaría en el orden del 30% al 50% mediante procedimientos que obtendrían valores originales y valores "generados por efecto de la norma", con el fin de destinarlo al Fondo de Desarrollo Habitacional.
Se expuso también que el tributo se asemeja a una sociedad o condominio impuesto en forma imperativa por el Estado sobre los bienes de los particulares, y que aunque la actual Carta Orgánica modificó e introdujo preceptos destinados a habilitar la aplicación de dicho tributo, resulta igualmente objetable el referido proyecto en base a otros preceptos de mayor jerarquía, cuya observancia y debida evaluación corresponde a todo funcionario con responsabilidad política.