2 agosto 2012 Río Negro Comentar
En un comunicado, el hombre aseguró que "me aparto de la función pública denunciando la persecución de que soy objeto por parte del Poder Judicial, iniciada con un fallo de Lutz y Balladini del año 2000 y acentuada a través del Tribunal del Trabajo de Viedma en marzo del corriente año cuando se ordenó el embargo de mis haberes de funcionario así como los de la docencia hasta una suma 'provisoria' de $ 399.563,81".

"¿Qué falta es la que origina esta condena?, ¿endeudamiento? ¿estafa? ¿daños causados al Estado o
a particulares? Nada de eso. Se trata de las costas, intereses y costos del juicio en que reclamamos por el despido de la Comisión Gremial Interna del Banco de la Provincia de Río Negro producido en febrero de 1996, en lo que constituyó el final de nuestra lucha contra el vaciamiento del banco de los rionegrinos durante los gobiernos de Massaccesi y su vergonzante privatización por el gobierno de Verani", explicó.

"Por principios no podría –ejerciendo un cargo político- reclamar a las instituciones públicas una
intervención que ponga fin a esta rémora del régimen radical que abruma a un grupo de militantes gremiales que cumplió con su compromiso con los trabajadores y la sociedad", explicó luego.

Desde la CTA se expresó "el apoyo solidario y el compromiso de acompañar hasta las últimas consecuencias el reclamo de Mario Aliani y de los compañeros de la Comisión Gremial Interna del
Banco Provincia de Río Negro, que por defender el patrimonio de todos los rionegrinos frente a la delictiva maniobra de su vaciamiento e ilegitima privatización perpetrado por Horacio Massaccessi, Pablo Verani y sus secuaces funcionarios (sólo dos condenados con prisión en suspenso, luego de quince años), hoy todavía impunes, han sufrido todo el peso del escarmiento sindical sobre sus vidas personales y familiares, condenados a pagar una casi millonaria suma de dinero".

"Esta medida sólo puede entenderse como acción disciplinadora para que nadie más se atreva a reclamar por sus derechos sindicales frente a las tropelías de los poderosos y sus delitos todavía impunes", dijeron desde la CTA.

"El nuevo Estado rionegrino debe generar una acción política y judicial que repare esta injusticia en forma inmediata, como primera medida,  ya que todavía no ha sido capaz su poder judicial de administrar JUSTICIA por la eliminación del patrimonio de todos los rionegrinos perpetrado por personajes que hoy vuelven a reunirse y amenazan con volver a la política, gracias a la impunidad que jueces jubilados con cifras millonarias le supieron garantizar hasta el presente. Es intolerable que mientras ellos se autoadjudicaron varios millones del patrimonio de los rionegrinos, luego de haber administrado la injusticia y el privilegio, para los trabajadores sólo hayan garantizado el escarmiento y la persecución permanente", agregaron.

"Si algún miembro del poder político o de la justicia siente vergüenza y dolor por esta situación le reclamamos el compromiso de actuar en forma urgente para que esta persecución, que se asemeja
a los delitos de lesa humanidad, porque sus efectos nunca terminan, llegue a su fin", dijeron.