El Municipio informó hoy mediante un comunicado que "hemos sido sumamente respetuoso de la posibilidad de reclamo. Año tras año ha negociado aumentos salariales en el marco de la Mesa de la Función Pública Municipal y ha acordado con las conducciones gremiales".

"Este año no fue la excepción y en el conflicto en marcha siempre ha sido contemplativo en las medidas sindicales, como retenciones de servicio, marchas y asambleas", agregaron.

"Sin embargo, todo tiene un límite. Y ese límite fue superado ampliamente al tomar el edificio municipal y el Concejo Deliberante, intimidar e insultar a los empleados, impedir que la mayoría de los trabajadores pueda cumplir su tarea, llegando incluso a proferir amenazas a la integridad física y a la vida de agentes y funcionarios", dijeron.

Aseguran que "todas estas acciones demuestran nuevamente la irresponsabilidad gremial al impulsar medidas extorsivas, violentas y con claros componentes político partidarios".

"La vocación de conflicto queda manifiesta en forma cruda ante la última decisión de mantener la toma de un edificio municipal y todas las medidas coercitivas a pesar del gesto claro y contundente brindado por el Presidente del Concejo Deliberante, José Luis Foulkes, de retrotraer la situación de los salarios de los ediles", agregan.

Señalan que "nos hemos cansado de escuchar a los dirigentes sindicales que este era el motivo de su accionar. Hoy se cumple lo que anticipamos repetidamente: era una excusa, porque el objetivo es condicionar al gobierno municipal, con claras vinculaciones político partidarias".

"Rotos esos límites y en uso de sus facultades legales el Ejecutivo Municipal rescindió los contratos de las personas que participaron de los hechos antes descriptos", remarcan.

Informan finalmente que "las notificaciones se efectúan en cumplimiento del marco normativo previsto en el Artículo 8 de los respectivos contratos, que establece la facultad de cada una de las partes de rescindir el vínculo con el único requisito de hacerlo con una antelación de diez días".

Para la Provincia la medida es ilegal

Tras la decisión del Ejecutivo, los gremios SOYEM y UPCN realizaron la denuncia ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia, donde les confirmaron que la acción sería ilegal ya que se habría adoptado tras dictarse la conciliación obligatoria.

Ante la ausencia de las máximas autoridades provinciales del área de Trabajo, los municipales fueron recibidos por el Delegado en Viedma, Mario Riquelme, quien les recomendó que los empleados que recibieron los telegramas se presenten igualmente a trabajar la semana próxima.

Agregó que si algún funcionartio eventualmente no los dejara ingresar o trabajar deberán denunciarlo inmediatamente a trabajo.