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Actitudes como la de Perez, de perseguir, amedrentar y hostigar bajo supuestos fines “sentimentales” claramente obsesivo son altamente repudiables. Así como también son reprochables las acciones y omisiones de la funcionaria Delia Gómez, que estaba al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y era superior a Perez y que, pese a tener total conocimiento de la situación, no hizo nada al respecto.
El Poder Ejecutivo Municipal conducido por el entonces intendente Carlos Soria fue plenamente responsable de estos delitos y, en tal sentido, sobre ellos recae la condena judicial y el pago del resarcimiento económico y el costo del tratamiento psicológico de la trabajadora. Pero sin duda, sobre Perez debe recaer también una condena social por tales aberrantes hechos.
Situaciones como estas, donde se ejerce la autoridad para sojuzgar a los trabajadores, se reiteran día tras día en todas las órbitas del Estado Nacional, Provincial y en las Municipalidades. Nos obligan, como sociedad, a estar atentos en defensa de los derechos individuales y de la integridad de las personas.
FUENTE: ATE
25 noviembre 2024
Gremiales