Por un lado, a pesar de haber recibido sus recibos de sueldos correspondientes al pago de horas extras, estos ítems sólo fueron depositados al personal de la Unidad de Ejecución Penal de General Roca, relegando a los trabajadores del resto de la provincia. Esta situación podría encuadrarse como un acto de discriminación o, incluso, como una retención indebida de haberes.
En relación a ello, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se reclama a la Secretaría de Seguridad que se abonen estos conceptos a la totalidad de los trabajadores que prestaron servicios extras en todas las unidades y, además, que se clarifique en los recibos a qué meses corresponden dichos pagos. Hay que señalar que en esta época del año todas las guardias se comienzan a reforzar, ya que es donde se producen la mayor cantidad de intentos de fugas o motines.
A esto hay que agregar que, durante los últimos seis o siete meses no se han abonado las asignaciones familiares a los trabajadores que ingresaron al servicio recientemente, a pesar que en todos los casos los agentes hicieron entrega a la administración de la documentación que avala dicho cobro.
Se debe destacar que, desde el sector patronal, también se adeuda la indumentaria para los trabajadores de las unidades de Choele Choel y Pomona; y hasta el momento no se reconoce el pago de viáticos a los agentes que tienen a su cuidado a los imputados del caso Solano, quienes deben trasladarse hacia Chimpay desde otros puntos de la provincia y afrontar ese costo de su propio bolsillo.

"A los trabajadores penitenciarios se les adeudan las horas extras y en los recibos no se indican a qué mes corresponden los pagos, en algunos casos no se entrega correctamente la indumentaria, ni se abonan asignaciones familiares y viáticos. La pregunta que nos hacemos es si con los funcionarios suceden las mismas cosas. ¿Por ejemplo, cuando se desplazan por la provincia también pagan los gastos con sus propios recursos?", cuestionó el Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar y completó: "Poner a todos los trabajadores en pleno ejercicio de sus derechos es la única manera de poder garantizar un servicio penitenciario que cumpla con el objetivo de resocialización exigido por nuestra Constitución. Hasta que esto no ocurra, la realidad de nuestras cárceles no va a cambiar".

FUENTE: ATE