El proyecto, trabajado por los técnicos del área de minería del Poder Ejecutivo y del equipo de asesores de la bancada oficialista,  consta de 12 títulos y 196 artículos en cuyas definiciones se establece una mayor intervención y  participación  de la política pública.

Estos aspectos se observan a lo largo del texto  que se pondrá a consideración de la Legislatura en los próximos días cuando el Poder Ejecutivo envíe al parlamento el texto de la iniciativa.  Cabe recordar que la ley vigente (Q3673) data del año 2002 y que el presente proyecto  es el primero que se presenta a nivel nacional en la última década.  En la perspectiva  del programa y objetivos del gobierno para la provincia, para el sector, el nuevo CPM cubrirá las falencias y vacíos existentes en materia  del regulación y promoción de la actividad minera provincial.

De este modo se introduce un capítulo nuevo sobre responsabilidad social en las operaciones de exploración por minerales metalíferos y energéticos. En ella se plasman una serie de condiciones que deberán reunir los interesados en desarrollar la industria de este tipo de exploración en el territorio provincial; esta norma se impone a los titulares de derechos mineros, sus contratistas y empleados. Incluye la presentación de una declaración jurada en la que los interesados tendrán que consignar desde sus antecedentes hasta las formas en que prevén actuar con  las comunidades de las áreas de exploración. Ello también incluye que las empresas con casa matriz fuera de Argentina han de presentar sus reportes de sustentabilidad social y ambiental. La existencia de delitos comprobados en esta materia implicará la imposibilidad para operar en Río Negro. Se introduce también la obligatoriedad  de realizar estudios hidrogeológicos en los proyectos en etapa de exploración avanzada y también los programas de capacitación, empleo y contratación de proveedores locales en las áreas de las operaciones. Parte de este capítulo consiste en que la Autoridad Minera realizará una consulta pública al cierre de la  fase de exploración y en forma previa a la presentación del informe de impacto ambiental para explotación. Este capítulo también presenta el proceso de información y consulta previa a cargo del Estado en los casos en que las áreas de interés involucren a comunidades originarias.

Otros aspectos a destacar del nuevo Código es que las minas vacantes y en forma previa a la publicación, se dará vista a la Empresa Minera Rionegrina S.A. para que dentro del plazo de 180 días exprese su voluntad de someter al área a investigaciones. Al igual, toda operación por la que se pretenda transferir derechos sobre minerales de primera categoría ferrosos y /o energéticos deberá ser informada el Estado Provincial.

En cuanto a la regulación y control de las canteras y minas en curso se establece un nuevo marco regulatorio en el que se incorpora a las empresas viales. Las infracciones y sanciones prevista en este apartado incluyen desde el apercibimiento hasta la inhabilitación , pasando por multas de diferente tipo en orden a los antecedentes del infractor, también se establece como obligatoria  y con carácter de declaración jurada el reporte de producción anual que deberán realizar los productores habilitados en el registros. Medidas complementarias y significativas en este esquema son las de la facultad de retención de maquinarias y secuestro de cargas que no cuenten con los amparos de legalidad correspondientes. Por otra parte se habilita una guía de porte gratuita para el traslado de material desde las canteras a plantas primarias de proceso en un radio de hasta 30 kilómetros.

Los cambios introducidos en el proyecto del  Código de Procedimientos Mineros significan un nuevo rumbo con mayor presencia y control del Estado y participación en beneficios de los intereses comunes y también implica un estímulo  para los que en el marco de la legislación hasta hoy vigente sobrepasan positivamente los cumplimientos de la misma aún a desmedro de pérdidas económicas producidas por la competencia desleal de quienes no cumplen los requerimientos legales básicos.

La nueva norma vendrá a llenar vacíos legales que han venido privando a la Provincia de realizar controles adecuados y de percibir regalías por la explotación de recursos que pertenecen a todos los rionegrinos.