Destacaron a nivel nacional que las provincias de Mendoza, Santa Cruz y Neuquén tienen un ámbito paritario abierto. Asimismo, en la Ciudad de Buenos Aires, existe una ley que habilita el procedimiento, al igual que Córdoba y recientemente en la provincia de la Pampa.

En Río Negro “es una vieja deuda pendiente de la voluntad política con los trabajadores judiciales, ya que somos el único sector estatal que no tiene una ley que establezca el convenio laboral. (Legislativos Estatuto Ley Nro.838, Empleados Públicos Estatuto Ley Nro.1844, etc)”.

Lamentaron que “hoy nuestra realidad indica un gran marco de desigualdad con nuestra patronal utilizando como herramienta principal la lógica del reglamento, mediante el cual solamente la empleadora define nuestras condiciones de trabajo y las modifica unilateralmente de manera discrecional”.

“Resulta inmoral esta nueva avanzada del STJ, para evitar que los trabajadores tengan esta ley utilizando métodos ladinos mediante escritos de último momento con amenazas de anticonstitucionalidad de la ley en los términos salariales y de la Secretaria de Estado de Trabajo de la provincia como ámbito de aplicación de la misma”, expresaron.

“¿Se les habrá olvidado el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que expresa que se garantizará a los gremios el derecho a la negociación colectiva? ¿Se les habrá perdido el convenio 154 que se firmó en el marco de la OIT y que en virtud del artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, tiene jerarquía constitucional? No habrán leído la recomendación final del caso 2881, donde el CLS resuelve “adoptar las medidas adecuadas a las condiciones nacionales, inclusive legislativas si fueran necesarias, para fomentar la negociación colectiva entre las autoridades del Poder Judicial y las organizaciones sindicales concernidas”. Seguramente, tampoco recordaran que en el año 2010 y 2011 ellos mismos celebraron acuerdos en la Secretaria de Estado de Trabajo y fueron obligados a cumplirlos”, se preguntaron.

Consideraron desde SITRAJUR que “una vez más ha quedado claro quienes se oponen a una provincia verdaderamente democrática y equitativa para todos los sectores, en que impere la justicia social, la paz y la libertad. Paradójicamente, lo más asombroso es que entre ellos están los que deben impartir justicia”.

Por ello proclamaron “que el derecho a la negociación colectiva y un convenio colectivo es un derecho básico. Es esencial a la libertad sindical”.

Por lo tanto instarins a los representantes del pueblo en el recinto de todas las fuerzas políticas “a legislar para los trabajadores y abstraerse de las presiones corporativas existentes. Los trabajadores estamos convencidos y preparados para ganar esta batalla por la razón o por la fuerza con nuestra lucha, con el objetivo final de conquistar el convenio colectivo para todos los trabajadores judiciales de la provincia, que sea la plataforma de lucha de todos, garantía de los principios constitucionales, la consagración de la ley porcentual, la consolidación de la carrera judicial, el derecho al 82 % móvil, la defensa y garantía de los derechos sindicales que pongan fin a las practicas que hoy la obstaculizan”.