Según el sindicato existen respuestas que el referido funcionario debe dar con rapidez y no pueden dilatarse más en el tiempo, si se quiere evitar que el deterioro de los establecimientos penales se siga agravando en todo el territorio.

El Ministerio no sólo se debe resolver un importante número de reclamos administrativos acumulados durante el último año, sino también debe señalar con claridad el lineamiento político que se llevará adelante en materia carcelaria. Preocupa a los agentes penitenciarios, a partir de algunas declaraciones hechas públicas por funcionarios, que exista un retroceso en las políticas públicas de seguridad.

La compleja y arriesgada tarea que diariamente realizan los trabajadores civiles en cada uno de los penales no ha sido reconocida debidamente. Existe una importante deuda acumulada de horas extras y a pesar de estar contemplados en la ley, no se realizaron los ascensos de las primeras promociones. Además hay que poner en discusión la categorización de los nuevos agentes, quienes fueron mal incluidos en el escalafón al momento de su ingreso. Desde la nueva cartera estatal se deberá también asegurar el pago retroactivo de títulos, nacimientos y salarios familiares, entre otros conceptos.

"Hemos solicitado una audiencia con el nuevo Ministro y creemos que debe responderla con celeridad. Su reciente asunción no puede tomarse como excusa. El funcionamiento del Estado tiene continuidad mas allá de los cambios de funcionarios y los reclamos se han acumulado durante los últimos meses", señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Río Negro y agregó: "Los trabajadores estatales queremos saber si la creación del Ministerio va a favorecer el mejoramiento de las condiciones laborales en las cárceles y si Albrieu tendrá la autonomía y los recursos necesarios para dar respuestas a todos los reclamos".

"También queremos debatir con el funcionario sobre la política carcelaria y de ejecución de la pena en la provincia. Seguimos pensando que los penales deben estar al mando de civiles y no de las fuerzas policiales, ya que la constitución exige re-socialización y no represión y castigo", concluyó el dirigente de los estatales.