La actividad que abarcó dos jornadas estuvo dirigida a docentes y personal

penitenciario y se apuntó a promover y difundir la igualdad y la no

discriminación en el acceso a la educación de las personas privadas de

libertad.

“Esta semana estuvimos con una capacitación similar en Cipolletti. Creemos

que es muy importante generar estos espacios de reflexión sobre la tarea

docente, sabiendo que en estos casos se trabaja en un contexto muy

difícil, con mucha tensión y más aún teniendo en cuenta el estado de los

penales de la provincia que hace que la tarea sea más compleja”, destacó

el delegado rionegrino del INADI, Julio Accavallo.

En el año 2003, se creó el Programa Nacional Educación en Establecimientos

Penitenciarios y de Minoridad a fin de instalar el tema de la educación

para las personas privadas de libertad en las agendas políticas

nacionales, provinciales e internacionales. Tres años después, la Ley de

Educación Nacional 26.206 incorporó la atención de las personas en

contextos de privación de libertad como una modalidad del sistema

educativo.

En Argentina, existen en total 50 mil internos alojados en 166 unidades

penitenciarias provinciales y 30 dependientes del Servicio Penitenciario

Federal. Según datos de la Estadística Penitenciaria Nacional realizada

por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos en el año

2002, el 34 por ciento de los internos tiene el nivel primario incompleto

o ningún nivel de instrucción (más de 15 mil personas). Y si bien en todas

las unidades penitenciarias se ofrece Educación General Básica, sólo el 17

por ciento de la población efectiviza sus estudios en las mismas.

En relación al nivel medio, el 60 por ciento se encontraría en condiciones

de cursar este nivel (26.538 personas); sin embargo, sólo el 20 por ciento

de las unidades penitenciarias tiene centros con esa oferta educativa. La

oferta más difundida es la de cursos breves de Formación Profesional;

mientras que la oferta de educación superior no universitaria o

universitaria es muy escasa y se centraliza en algunas jurisdicciones.

Sólo el 29 por ciento de la población interna (15 mil personas) accede a

los servicios educativos en las unidades penitenciarias. La situación

laboral al momento de ingreso en las unidades penitenciarias es otro dato

interesante ya que de la población detenida, el 46 por ciento de los

detenidos eran desocupados y el 38 por ciento eran trabajadores de tiempo

parcial.

“Lo que se pretende desde el Ministerio de Educación y el INADI es apoyar

y fortalecer el trabajo de los docentes que se desempeñan en cárceles ya

que los internos tienen el derecho a recibir educación y a su vez esto

contribuye a su reinserción en la sociedad. Asimismo la extensión del

servicio educativo aporta a reducir el índice de reincidencia teniendo en

cuenta que de acuerdo con los datos estadísticos de la Organización de

Estados Americanos (OEA), el 90 por ciento de los reincidentes no asistió

a los programas educativos en cárceles”, aportó Accavallo.

En lo que respecta a la provincia de Río Negro, el Convenio de Cooperación

Educativa entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Gobierno

provincial se propuso promover acciones educativas en establecimientos

penitenciarios, asumiendo el compromiso de implementar progresivamente la

universalización de la cobertura educativa en los establecimientos

penitenciarios; diversificar la oferta educativa que incorpore el nivel

superior y la formación profesional y desarrollar políticas culturales y

artísticas.