Agregaron que muestra de ello “son los 9 millones de pesos en adscripciones en otros organismos del estado, que anunció Mango como ahorro”.

Consideraron que estas definiciones “van en consonancia con lo expuesto por el gobernador y como lo dijimos en su momento, esperamos que no sean también un simple anuncio para la tribuna, ya que el gobierno debe asumir responsabilidad política por la cantidad de funcionarios con los que cuenta para la puesta en marcha de cualquier proyecto”.

“Hemos cuestionado los cargos creados para devolver favoritismos y que, en la práctica, estos funcionarios, demostraron su incapacidad para respuesta a las necesidades de las instituciones educativas ni a sus trabajadores”, subrayaron.

Los integrantes de la UnTER se esperanzaron con que “esta pretendida austeridad no sea una forma solapada de poner un cepo a los justos reclamos salariales, ni tampoco, un recambio de figuras en desmedro de aquellas adscripciones y/o relevo de funciones que son imprescindibles para el funcionamiento del sistema educativo, tanto en el cuerpo colegiado en el CPE como en los equipos técnicos en las supervisiones, donde incluso faltan profesionales para trabajar con niñas, niños y jóvenes de los sectores más vulnerables, o implementar nuevas estrategias para afrontar los vertiginosos cambios que se observan en los grupos de estudiantes”.

Denunciaron que el Estado “se estaba convirtiendo en un refugio para la prebenda política y seguiremos en alerta hasta comprobar que esta reestructuración tiene como objetivo optimizar los recursos en favor de la educación pública y popular”.

“Para esto es necesario discutir una redistribución más justa del presupuesto, que permita sostener y crearlos cargos que se necesitan en las escuelas, pagar un salario digno, garantizar las condiciones edilicias y los insumos necesarios”, concluyeron.