Es que desde el sindicato se considera que más de 70.000 jubilados rionegrinos, y otras decenas de miles neuquinos, asistirán a un fenomenal retroceso en sus derechos para con la obra social. Estas medidas no hacen más que agravar el caos prestacional y la crítica situación que atraviesa el PAMI, multiplicando la burocracia administrativa para todas las tramitaciones. 
La dirección de la obra social, de ahora en más, se ejecutará desde el Nivel Central en Buenos Aires. Lo que ocasionará que, contrariamente a lo esperado, la obra social se aleje aun más de sus beneficiarios. No sólo estamos frente a medidas que afectan los derechos humanos de los jubilados, sino también que cercenan gravemente los derechos adquiridos por todos los trabajadores, ya que al bajar de nivel la oficina local, las estructuras orgánicas también disminuyen. 
Además, se crea una nueva superestructura administrativa por encima de las oficinas que se encuentran funcionando en cada provincia. Esto, sin dudas, se hace con la sola finalidad de seguir acomodando funcionarios y amigos que militan en alguna agrupación política.

Desde la entidad sindical no se descarta que estas medidas estén enmarcadas en los intereses económicos de las corporaciones médicas. Lo que hecha por tierra el discurso mantenido desde los funcionarios.

"Las nuevas medidas implican un fenomenal retroceso para los derechos de más de 70.000 jubilados de la provincia. Con esto solamente se consigue multiplicar la burocracia administrativa, creando nuevas estructuras para que el PAMI siga siendo una bolsa de empleo para los políticos, son medidas que muestran una gran impunidad", señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Río Negro.

"Está claro que esta decisión no se la tomó pensando en los jubilados, sino en otros intereses. Las penurias para todos los beneficiarios de la obra social van a ser mayores aún que las actuales. A partir de ahora, la resolución de los problemas de los jubilados rionegrinos van a tener que darse en otra provincia", aclaró el dirigente de los estatales.
"En materia de derechos laborales deberemos iniciar todas las acciones administrativas y judiciales que correspondan ante semejante atropello", concluyó Aguiar.