"Son más de 300 los casos en lista de espera y los turnos pendientes. A esta demanda hay que agregar las que se sumarán durante las próximas semanas" indicaron.

Desde el gremio señalaron que "el no funcionamiento de esta junta afecta gravemente todos los derechos de las personas con discapacidad, toda vez que el certificado único de discapacidad (CUD) es un documento público se validez nacional y que tiene fecha vencimiento. Este documento es la llave de acceso al sistema de salud y a múltiples beneficios por parte de las referidas personas".

Además expresaron que "la falta de funcionamiento de la junta priva a las personas que debieran estar ya certificadas de numerosos beneficios, como cobertura total en materia de salud, educación y recreación; pasajes gratis en el territorio argentino, salario familiar cuádruple, mayor puntuación para planes de viviendas y rebajas en el servicio de electricidad entre otros".

"Todos los derechos mencionados se encuentran regulados por la Ley Nacional 22.431 y Ley 24.901 que crean el Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad", añadieron.

"Resulta un hecho grave que la junta certificadora no este funcionando. Son cientos las personas que en este momento están siendo afectadas en sus derechos en todo el Valle Medio" manifestó Marlene Holzinger, Trabajadora Social y Delegada de ATE, y agregó: "Estamos pidiendo la inmediata intervención de las autoridades municipales y provinciales. No puede ser que las personas con discapacidad no tengan acceso a múltiples beneficios, solo por falta de voluntad y de gestión política".