En la misiva enviada hacia el presidente a cargo de la Legislatura, Ariel Rivero, el secretario general de SITRAJUR, Pablo Barreno le manifestó que “arbitre los medios necesarios para que se de tratamiento en la próxima reunión de Labor Parlamentaria el proyecto de Ley marco N° 106/2013 “Convenciones Colectivas de Trabajo para los trabajadores judiciales de Río Negro”, y consecuentemente se lo incluya en el Orden del Día de la próxima sesión legislativa”.

En ese sentido remarcó que “el mismo fue  aprobado en su momento de manera unánime por las comisiones de Asuntos Sociales y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Legislatura y que asimismo,  en la sesión anterior y ante las autoridades de la Federación Judicial Argentina, se concretó una reunión con todos los presidentes de los bloques de la legislatura, quienes asumieron el compromiso que el proyecto en cuestión, sea tratado y aprobado en la próxima sesión legislativa, considerando el justo reclamo de los trabajadores judiciales, que constituye además, un anhelo largamente acariciado por el conjunto del movimiento obrero”.

También manifestó que son “conscientes de las presiones que ejerce la corporación judicial que rechaza profundamente la democratización de la justicia, negando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que expresa que se garantizará a los gremios el derecho a la negociación colectiva. Tanto así como el convenio 154 que se firmó en el marco de la OIT y que en virtud del artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, tiene jerarquía constitucional”.

“En el mismo sentido, obra la recomendación final del caso 2881, donde el CLS resuelve ‘adoptar las medidas adecuadas a las condiciones nacionales, inclusive legislativas si fueran necesarias, para fomentar la negociación colectiva entre las autoridades del Poder Judicial y las organizaciones sindicales concernidas’”, añadió.

Más adelante expresó que “dichos actos constituyen un claro atentado no solo para los trabajadores judiciales sino a su vez, un flagrante avasallamiento a los derechos del movimiento obrero en general. Los trabajadores tenemos definitivamente claro quiénes se oponen a una provincia verdaderamente democrática y equitativa para todos los sectores, en  la que impere la justicia social, la paz y la libertad”.

“Paradójicamente, entre ellos están los que deben impartir justicia y es por eso que instamos a los representantes del pueblo reunidos en el recinto de todas las fuerzas políticas, a legislar para los trabajadores que en definitiva, no son más que el pueblo mismo”, concluyó.