Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se considera, al referido decreto, como una verdadera aberración jurídica ‎y como una flagrante violación a la Constitución Nacional. 
A medida que transcurre el tiempo es más clara la muestra del sentimiento de impunidad que existe en la mayoría de los funcionarios del Gobierno. No existen dudas que, con medidas como ésta, se apela a la ilegalidad, para tapar la desidia, la falta de capacidad y el fracaso de la gestión para garantizar a toda la ciudadanía un servicio penitenciario que cumpla el rol esencial de resocialización.

Por estos días se encuentra en debate si constitucionalmente corresponde a las fuerzas de seguridad sindicalizarse, pero los trabajadores penitenciarios no constituyen una fuerza de seguridad, sino que son, en todos los casos, personal civil.

La aludida medida, ‎pretende además echar por tierra con los derechos adquiridos desde hace muchos años por los trabajadores, ya que no solo se encuentran sindicalizados en distintas entidades, sino que han elegido representantes delegados de base y miembros de comisiones directivas provinciales y de seccionales de los sindicatos, que gozan de toda la protección y tutela surgidas de la leyes nacionales y provinciales vigentes.

Con esta decisión ilegal, el Poder Ejecutivo provincial ‎persigue el objetivo de acentuar la precarización laboral de los empleados del sector y profundizar la violación de derechos esenciales dentro de los penales, para que no puedan existir reclamos y evitar las permanentes denuncias sobre el estado desastroso de las cárceles y la notoria incapacidad de gestión de los responsables políticos y administrativos.

"Cuando hablamos de irregularidades e ilegalidades en el gobierno pareciera ser que siempre puede existir una sorpresa mayor. Los estudiantes de derecho de primer año pueden advertir que este decreto es una verdadera aberración jurídica y además inconstitucional. Medidas de esta naturaleza, solo pueden tomarlas funcionarios que crean que gozan de una absoluta impunidad", sentenció Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Río Negro.

"Uno de los mayores fracasos del Gobierno está dado por la inexistencia de políticas penitenciarias y de seguridad a lo largo de los últimos casi tres años. Se cansaron de violar todos los derechos de los trabajadores penitenciarios y ahora quieren cubrir la desidia que han tenido con el sistema, quitando por la fuerza y violado leyes, el derecho de éstos a afiliarse a un sindicato", cuestionó el dirigente estatal y completó: "Vamos a instrumentar rápidamente todas las medidas que sean necesarias. Es obligación nuestra y de todos los rionegrinos impedir que los políticos sigan actuando al margen de la ley y pretendan responsabilizar ‎a los trabajadores por su alarmante incapacidad".