Sobre las objeciones que presentaron el marco de las elecciones de la UPCN y que el Ministerio de Trabajo de Nación las desestimó, Jorge Zapata indicó que “nosotros dentro de la medida cautelar que dictó Bustamante, nos solicitó que agotáramos las instancias administrativas. Esas dos instancias eran la Junta Electoral Nacional de UPCN y el Ministerio de Trabajo de la Nación, estas dos entidades siguen avalando el fraude que ha sucedido en las elecciones”.

Asimismo manifestó que “nos asombró que el Ministerio de Trabajo no haya tenido en cuenta las pruebas aportadas por la propia Justicia. Sabemos que hay una gran capacidad de defensa que tiene el secretario general sobre estos estamentos”.

Además contó que “también el Juez ha dispuesto que agotamos la vía judicial, por lo tanto en los próximos días seguiremos con la vía judicial que hay que hacer a la Cámara Nacional del Trabajo para apelar, y es la instancia definitiva”.

Luego aseguró que “no bajaremos jamás los brazos porque nosotros tenemos una postura muy concreta, y vamos a seguir insistiendo con que las elecciones las ganamos nosotros, y no vamos a dejar que este triunfo nuestro que nos sacaron de las manos se lo apoderen otros”.

Después se refirió al allanamiento realizado en la sede central de la UPCN, en el marco de una investigación realizada por la Justicia, donde requirieron documentación relacionada con el fondo compensador que el gremio administró hasta el año 1996, y relató que “quien hace la denuncia es un integrante de la agrupación EPUC, pero no lo hace por una cuestión que nosotros estábamos predispuestos”.

“Lo hace es una circunstancia muy especial que se encuentra con una documentación, que le alcanzan donde estaba de forma anónima, consulta con los abogados y disponen que debe hacerse una denuncia por la gravedad que implica”, agregó.

Zapata dijo que “si ellos están tranquilos y tienen la documentación para probar, me parece bárbaro, se esclarece el tema y esto se acabó”.

También expresó que “me parece que la situación es mucho más grave de lo que ellos intentan menospreciar, si un Juez o Fisca determina hacer una allanamiento es porque obviamente tienen ciertos elementos de pruebas que le hacen pensar que hay algo irregular”.

“La Justicia es la que dará su veredicto final”, afirmó.

El referente de EPUC habló sobre las negociaciones salariales que lleva adelante la conducción del sindicato y opinó que “indudable que si va como suma fija y no remunerativa es una incoherencia total y es una cuestión perjudicial para los trabajadores, fundamentalmente por el tema de los aportes jubilatorios”.

Al respecto sostuvo que “nosotros no acordamos en absoluto con este tipo de cuestiones. Primero porque no se discute que es lo que requiere el trabajador para poder vivir dignamente. Siempre estamos yendo atrás del carro. Hay que discutir presupuesto reales de la masa salarial del trabajador”.

“Hay que consultar a los trabajadores, qué es lo que necesitan. Es fácil sentarse atrás de un escritorio y no padecer lo que pasa un portero, cualquiera lo puede hacer. Acá hay que partir de un sueldo mínimo inicial y empezar a igualar hacia arriba. Ahora estamos igualando hacia abajo y el más perjudicado es el que menos cobra”, añadió.

Remarcó que “no sé por qué no lo entienden desde ese punto de vista los que conducen el gremio, es increíble lo que está pasando. No se soporta más”.

Además manifestó que “si el trabajador no empieza a exponer su molestia, vamos a terminar como el año pasado. Tranzando metodologías que no le convienen a nadie, entonces no estamos de acuerdo”.

Con respecto a la situación que atañe a un grupo de empleados públicos que están próximos a jubilarse y que poseen sumas en negro, para lo cual existe ley para mejorar la situación, expresó que “tenemos dos acciones interpuestas, tenemos puesto a disposición de los compañeros trabajadores empleados públicos los asesores legales que están colaborando con nosotros, para que hagan el juicio que corresponda”.

Entonces explicó que “si bien esto puede ser un beneficio salarial importante para el trabajador, se necesita otra instancia más. Se requiere que se le blanquee los aportes de diez años para atrás, caso contrario no le sirve en absoluto que le tome nada más que dos o tres años. De otro modo no tendrá incidencia”.

En ese aspecto dijo que “le hemos propuesto al gobernador de la provincia que acá se tiene que trabajar en una moratoria para el empleado público. En un convenio que debe hacerse entre ANSES, AFIP y la provincia. Se tiene que contemplar los aportes de los diez años para que el trabajador se jubile con el 100 por ciento de su sueldo como corresponde”.

También sostuvo que “si nos contestan afirmativamente, que el propio gobernador nos adelantó que se va  a trabajar en esto, tendrán que esperar hasta que se elabore esta moratoria y hasta que el compañero trabajador se pueda a acoger a esa moratoria. Una vez que se concrete nosotros vamos a informar”.