De ser aprobado el proyecto, a los dos Consejos que tiene el Poder Judicial, se incorporarían vecinos -que no deben tener cargos públicos- así como también a un representante de los trabajadores de ese Poder, con el fin de lograr mayor democracia en el momento de elegir a los miembros del STJ y de controlar el funcionamiento judicial.

La Constitución rionegrina prevé (en su artículo 119) que las enmiendas o reformas a su articulado debe ser tratadas por la Legislatura y sancionadas mediante el voto afirmativo de los dos tercios de la Cámara. La modificación se incorpora al texto constitucional, sólo si es ratificada por el voto popular en oportunidad de una elección provincial.

Fundamentos

El Consejo de la Magistratura es un órgano autónomo que, si bien es un órgano estatal, no integra ninguno de los tres poderes clásicos del Estado.

Al concretarse la modificación de 1994 de la Constitución Nacional, tanto como en las reformas provinciales llevadas a cabo por entonces, se creó la institución del Consejo de la Magistratura con fines de despolitizar la selección de jueces y de dar relevancia concreta a los méritos que se obtuviesen a partir de concursos.

"El distanciamiento y deslegitimación entre el Poder Judicial y el conjunto social, alcanza en el año 2001 su mayor gravedad justo en el momento en que resuena en las calles y a viva voz el pedido masivo y contundente de renovación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", expresan los legisladores autores de esta iniciativa.

"Se requiere dar un paso hacia la transformación de las viejas estructuras y prácticas que anidan en el Poder Judicial de las provincias", añaden luego.

"Frente a la deslegitimación actual del Poder Judicial y la necesidad de cambios institucionales que se han operado en los últimos años, hay una demanda concreta de democratización del Poder Judicial que obliga al abordaje de qué Justicia queremos y qué Jueces deben integrar este Poder".

Sostienen que "el primer paso hacia la democratización del modo de seleccionar y designar los jueces, exige que la definición del perfil de jueces que necesitamos y la Justicia a la que aspiramos, sea un debate amplio, con mucha participación, elaborado por un colectivo en el que estén representados diversos sectores de la sociedad".