La Senadora Nacional Magdalena Odarda y los legisladores Jorge Ocampos, Bautista Mendioroz, Leonardo Ballester y Daniela Agostino solicitarán  intervención de la Defensora del Pueblo “ante los hechos que involucran a vecinos y productores de la zona rural de la ciudad de Allen y Guerrico”, explicaron, zona en la cual conviven más de 20 familias chacareras.

Fundamentaron en el  escrito que elevarán  que “desde hace algunos años, las familias antes  mencionadas, entre las que se encuentran muchas personas de edad avanzada quienes  se dedican a la producción de peras, manzanas y otros productos, tienen inconvenientes con el agua que se extrae de los pozos ubicados en las chacras, agua que se usaba para consumo familiar y todo tipo de abastecimiento. Comenzó a tener visibles muestras de contaminación, las que fueron confirmadas una vez realizados análisis químicos por parte de Laboratorios especializados  surgiendo la presencia de hidrocarburos”, consignan los parlamentarios.

La contaminación se detecta en las mochilas de los baños de los afectados, como así también en los tanques donde se almacena para su consumo. Debido a esta situación, la gente ha tenido que dejar de consumirla y deben obtenerla comprándola, originando un gasto importante.

Los parlamentarios señalan que “la Planta Impulsora para Guerrico y las obras respecto de redes y cañerías datan aproximadamente del año 2012 y no abastecen la zona mencionada pese a que se encuentra muy próxima. Tanto en la Municipalidad de Allen como en el DPA se habría negado a las familias chacareras contar con la provisión de agua potable a través de esta misma red”. 

Los chacareros ya se encuentran afectados por la crisis frutícola   y ahora  se les  suma este inconveniente considerando sobre todo, que la contaminación hoy es evidente como consecuencia de la actividad petrolera que el mismo Estado provincial ha autorizado.  Es el DPA quien tomó muestras y pudo verificar mediante los análisis correspondientes que allí existe agua contaminada con “hidrocarburos” y la misma funcionaria de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani, reconoció que “el agua de las chacras no es apta para el consumo humano. Sin embargo, estos organismos no actuaron en consecuencia; ni se hicieron obras de ampliación de la red de agua, ni se exigió remediación ambiental”, cuestionaron.

“Solicitamos a la Defensora del Pueblo, Nadina Díaz, su intervención urgente con el fin de que el Estado provincial y municipal resuelvan este  escenario, proveyendo a los afectados agua potable en forma constante a través de la ampliación de la red ya existente, o a través de la provisión de bidones a tal efecto y hasta tanto se realicen las obras definitivas.  Deben realizar  los estudios y acciones conducentes a la remediación de los pasivos ambientales y la preservación de los recursos hídricos en la zona de referencia”,  indicaron los  parlamentarios Odarda, Ocampos, Mendioroz, Ballester  y Agostino  en el escrito  que  remitirán a   la   funcionaria.