Para la central sindical el referido aporte estatal forma parte de una clara estrategia del gobierno provincial, ya que se intenta mediante la utilización de recursos públicos, condicionar voluntades de distintas entidades de representación sectorial a los efectos de lograr una devolución de favores que se contraponen con la ética y la moral.

En el caso puntual del la entidad que asocia a los profesionales abogados de la capital provincial, se acrecientan las sospechas sobre la imparcialidad de sus futuras intervenciones institucionales, sobre todo a la hora de participar en la designación de distintos magistrados.

Por ultimo, desde la CTA se señala que debiera estar vedada o prohibida a ciertas entidades con alta responsabilidad institucional y pública, la recepción de aportes por parte del Estado que no estén debidamente controlados y que sean con destino absolutamente justificado.

"Sin dudas que el Gobierno no tiene ingenuidad y decidió entregar un millón de pesos a una entidad con la finalidad de recibir a futuro un comportamiento deseable o esperado de parte de sus integrantes. Esto nos genera dudas, no sólo como trabajadores, sino como su rionegrinos acerca de la imparcialidad con la que puedan actuar luego estas entidades", manifestó Rodolfo Aguiar, Secretario General de la CTA Río Negro, y agregó: "Esta clase de subsidios no reintegrables que pagamos todos los ciudadanos, no podemos naturalizarlos porque esta en juego, en este caso, la futura participación de este colegio en la designación de jueces que tendrán que servir al pueblo y no a un gobierno determinado".