"Este fallo pone un freno al abuso de poder de los gobiernos que se creen que, a cualquier costo, pueden violar las leyes y la propia Constitución", proclamó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro y destacó que "esta sentencia nos da esperanza, porque muestra que no todos los jueces están comprados o se subordinan al poder político de turno. Llamamos a todos los trabajadores penitenciarios a que se sigan afiliando para evitar que los sigan discriminando y que les quiten derechos todos los días".

Es que el Poder Ejecutivo Provincial emitió un Decreto que modifica la Ley 4.283 de creación del Sistema Penitenciario Provincial (SPP) eintenta prohibir a través de él la libre afiliación gremial de todos los agentes civiles que prestan servicios en los establecimientos penales.

En virtud de esta nueva norma, la Dirección General del Servicio Penitenciario había ordenado, mediante notas dirigidas a los Delegados de ATE en las cárceles, la prohibición del ejercicio de sus funciones sindicales y el cese inmediato del uso de licencias gremiales.

Frente a todo esto, la Justicia ordenó retrotraer la situación funcional de los representantes gremiales al momento previo de las comunicaciones que por notas 4682/14, 4683/14 y 4684/14 se hicieron a los Delegados Luciano Costa, Andrés Benítez y Jesús Lopez, como así también, ordenó que los mismos vuelvan a hacer uso normal de las licencias sindicales que usufructuaban con anterioridad.

Por último, Los jueces Rolando Gaitan, Gustavo Guerra Lavayen y Eduardo Roumec se pronunciaron imponiendo las costas del juicio al Gobierno Provincial.

Para el sindicato la importancia de este fallo judicial esta dada en que pone un freno al abuso ilegal de poder y a los intentos del Gobierno en negar la representación de los trabajadores estatales a la única organización que mantiene autonomía e independencia en sus reclamos.

El gremio reclama, además, celeridad al Superior Tribunal de Justicia (STJ), ya que tiene en su poder la resolución sobre la inconstitucionalidad del Decreto Ley que pretende impedir la sindicalización de los agentes civiles penitenciarios, habiendo sido esta autorizada por el Estado con anterioridad en el marco de la Constitución Nacional y de los Convenios internacionales a los que adhiere nuestro país.