El proceso se había iniciado a partir de una denuncia penal presentada por funcionarios de la Municipalidad de Catriel, mediante la cual se señalaba que la asesora legal de esa comuna habría sido agredida física y verbalmente por las mencionadas dirigentes, indicando que, como consecuencia de los golpes, habría sufrido lesiones en su cuerpo. Los hechos investigados se produjeron durante una huelga que los trabajadores llevaron adelante a comienzos del año 2014 para reclamar un aumento salarial.
Marquez Gauna concluyó que durante el proceso no se acreditaron las supuestas agresiones, ni tampoco las lesiones que la denunciante manifestaba, toda vez que las mismas no existieron.
La resolución judicial indica también que las imputadas se encontraban manifestándose pacíficamente en el Corralón Municipal sin cometer hechos de violencia ni maltrato a personas que se encontraban en ese lugar.
"Este sobreseimiento muestra claramente que los funcionarios utilizan a la Justicia para hacer política y mienten hasta frente a los propios magistrados judiciales. Ha quedado probado en la causa que se trata de una falsa denuncia que tenía por finalidad afectar el buen nombre y honor de importantes dirigentes de nuestro sindicato", señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro y agregó: "Esto nos sirve para darnos cuenta que los funcionarios políticos y la Justicia que le presta sus oídos, arman causas de cientos de fojas que después no llegan a ningún lado, pero mientras tanto somos los rionegrinos los que tenemos que pagar los altos gastos".
16 mayo 2024
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