A continuación los fundamentos:

Nuestra historia está jalonada por hechos de violencia que costaron demasiadas víctimas, en especial cuando la misma ha sido ejercida desde el propio Estado.

El pueblo argentino ha decidido y ratificado desde 1983 que desea vivir en democracia y poco a poco ha ido consolidando la práctica de que los conflictos se resuelven en los marcos del debate de ideas construyendo consensos y, de no alcanzarse los mismos, aceptando  las mayorías circunstanciales que el voto popular va decidiendo en cada etapa de renovación de los gobiernos de todos los niveles.

Esta forma de resolver los asuntos de estado no solo se ha afianzado sino que ha logrado incorporar a estas prácticas a muchos sectores de poder que otrora supieron recurrir a golpear cuarteles.

En democracia podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, podemos tener la mayoría o la minoría a la hora de tomar decisiones. Podemos avanzar en conquistas sociales o incluso también retroceder, pero existe la periodicidad y la posibilidad de alternancia para reconquistar lo perdido.

Las buenas o las malas decisiones de gobierno pueden ser criticadas, discutidas y hasta resistidas de diversas maneras pero es en definitiva la voluntad popular manifestada a través del voto la que se debe imponer en un estado de derecho, pues de lo contrario estaríamos abonando un camino del todo vale que conduce a situaciones donde siempre termina perdiendo el más débil.

Queremos aclarar que no pretendemos adentrarnos en el análisis de la ordenanza en sí, sino que solo nos encontramos controvirtiendo la violencia de los hechos sucedidos, la que rechazamos enérgicamente. Nosotros como representantes del pueblo elegidos democráticamente tenemos sí la obligación de rechazar la violencia y la agresión física como método de acción política para lograr un resultado determinado en una decisión que le corresponde tomar a quienes fueron elegidos para ello.  

La violencia es violencia y no hay atenuantes que la justifiquen ni que la transformen en un instrumento válido, pues su ejercicio es un atentado contra la causa que se pretende defender.