La CTA sostiene además, que el reclamo debe ser retroactivo y comprensivo de toda la deuda no prescripta, desde el mismo momento en el que se puso fin al régimen privado de jubilaciones y pensiones, desapareciendo todas las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

Es que la modificación del sistema provisional instrumentado por la Ley 26.425, tornó inaplicable el artículo 76 de la Ley 26078, mediante el cual el Estado Nacional retenía esos fondos y los destinaba en concepto de compensación a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El Gobierno de la provincia debió haber reclamado esos fondos hace años, máxime cuando otras provincias tuvieron un resultado satisfactorio en la Justicia hace bastante tiempo. 

Se estima que la deuda que mantiene el Estado Nacional con la provincia es varias veces millonaria, si se tiene en cuenta que corresponderían por ese período casi 2.000 millones anuales. Se trata de recursos que siempre fueron propiedad de todos los rionegrinos, independientemente que su transferencia fuera negada, ya que para su retención debió existir conformidad de los representantes del Estado provincial y eso nunca sucedió.

"La decisión del Gobierno Provincial de recurrir a la Corte por los fondos coparticipables que retiene el Estado central, es tardía pero correcta. Esta decisión se debió haber tomado hace varios años, ya que una vez estatizado el sistema provisional, los extremos jurídicos que avalaban la retención, desaparecieron", apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General de la CTA Río Negro y agregó: "La actual gestión debe explicar a todos los su rionegrinos, porque se trata de recursos que son de su propiedad, si la demanda alcanza el cobro de toda la deuda no prescripta. No demandar el pagoíntegro podría ser una omisión pasible de responsabilidad penal".

FUENTE: CTA