El sindicato indicó que "la funcionaria oculta información de relevancia, modifica datos arbitrariamente y, como sucedió durante el último fin de semana, extrae listados completos de la página oficial, con la necesaria complicidad del IPAP".

"Su accionar autoritario e inconsulto provoca errores groseros, como en el hecho que haber designado, para que integre la Comisión Ejecutiva y Fiscalizadora, a una persona que es parte interesada en el proceso", añadió.

Entonces expresó que "sus reiteradas ausencias y falta de apego al trabajo imposibilitan que la información, que debe ser verificada por el resto de los vocales, esté lista en los tiempos previstos".

Por otro lado, la entidad gremial dijo que "logró pruebas acerca de la participación de Tipping en reuniones paralelas e ilegales, sólo con algunos integrantes de la Comisión creada por la ley".

"Finalmente, pudo saberse que, a días que se inicien los exámenes, por su exclusiva responsabilidad, todavía no está armada la logística para los dispositivos a garantizar en la provincia, como el traslado de los equipos de computación, la designación de choferes o la conformación de los equipos técnicos que actuarán como soporte", agregó.

"Comenzaron a pasar cosas muy extrañas. Información que desaparece, reuniones a escondidas y un marcado desánimo de parte de la principal funcionaria del Gobierno que interviene en este proceso", detalló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro y alertó: "Parecería que el Gobierno quiere cercenar el derecho de los trabajadores a la estabilidad e impedir que muchos lleguen a rendir, ya que en vez de garantizar la transparencia del proceso, se están llevando adelante maniobras irregulares".

"El peor escenario sería que Tipping esté recibiendo órdenes para dilatar el proceso, a partir que se haya tomado la decisión política de no cumplir con la ley", sentenció Aguiar.

Entonces indicó que "se trata de un proceso complejo y el Gobierno debe ser el primer garante de la transparencia del mismo. Es necesario que se extremen los esfuerzos de todas las partes, ya que los trabajadores no están familiarizados con el contenido del material de estudio, por su terminología jurídica, ni con el soporte informático de ese material".