Es que, luego de dotar -en virtud de la Ley de Emergencia- de un mayor presupuesto al Ministerio de Seguridad y Justicia, y de los anuncios que suponían mayores inversiones en las cárceles, la crisis del Sistema Penitenciario Provincial (SPP) en lugar de disminuir, se profundizó. En este sentido, el sindicato pone en duda el verdadero destino de los fondos (oportunamente autorizados por la Legislatura Provincial) y la capacidad, tanto del Ministro Pérez Esteban como de las autoridades penitenciarias, a la hora de ejecutar esas partidas adicionales, dado que nada ha cambiado en las cárceles de la provincia. 

En primer lugar, Existe superpoblación de presos en todas las unidades penales rionegrinas. 

El Penal 5 de Cipolletti, es de mínima seguridad, pero el Ministerio mantiene alojados a presos de máxima peligrosidad y con largas condenas. Esta unidad fue creada para internos con beneficios como la semi-libertad, que permite a los internos salir a trabajar sin la supervisión continua, y claramente no está preparada para otra clase de detenidos.

El Penal 2 de General Roca tiene capacidad para 250 internos y en la actualidad se aloja a más de 350 detenidos.

El Penal 1 de Viedma tiene sus celdas sin habilitar, por falta de arreglos y, sin embargo, se aloja a una cantidad muy superior de internos a la permitida.

El Penal 3 de Bariloche está preparado para albergar a 40 detenidos como máximo y tiene más de 60.
En segundo término, ni siquiera se cumplió con el plan de obras publicitado y todos los trabajos se encuentran paralizados. En el caso de General Roca se aduce falta de pago a la empresa constructora, pero la resultante es que, desde hace meses, hay pabellones y celadurías inutilizadas, como así también el espacio de recreación para los internos ha sido reducido.

En otros casos, el estado de las unidades penales es deplorable. En algunas ciudades, los jueces de ejecución tienen que adelantar la libertad, como es el caso de Bariloche, que funciona con las garitas de vigilancia sin baños, iluminación, ni puertas. Debido a lo cual, los agentes deben orinar en botellas.

"Si analizamos el actual estado de las unidades penales en la provincia, podemos asegurar que la emergencia carcelaria decretada por el Gobierno fracasó. Acá hay un desvío de fondos o una incapacidad absoluta del Ministerio de Seguridad y Justicia", declaró Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro y agregó: "El sistema ya estaba en crisis y ahora está peor. Casi todos los fondos petroleros se los llevó este Ministerio y no se destinaron a las obras anunciadas y que necesitan las cárceles de la provincia".