3 noviembre 2011 Viedma Comentar

Estas familias abonaron -durante los años 2005 y 2006- los terrenos al Sindicato de Trabajadores Viales de Río Negro, con el fin de que allí se construyan sus viviendas. Sin embargo, tiempo después se enteraron que no iban a ser los adjudicatarios.

En su momento el gremio les ofreció devolverles el dinero abonado oportunamente, pero lo rechazaron. Ante la incertidumbre por la situación, una familia decidió tomar una de las viviendas reclamando respuestas.

Después de algunos días, el juez Juan Bernardi logró que todas las partes se pusieran de acuerdo y se levantó la toma de la casa. En esa oportunidad, el Fiscal de Estado, Alberto Carosio, prometió la construcción de las unidades habitacionales en tierras aledañas al plan y hasta tanto se les reconocería a los perjudicatarios una suma de 500 pesos mensuales para que puedan afrontar sus alquileres.

Sin embargo, todo quedó en promesas, pese a las firmas plasmadas en el acuerdo que ya cumplió más de un año.

Norma Ortiz, una de las perjudicatarias, señaló a La Palabra que “no pasó nada con lo acordado” y reflexionó que “con estos políticos todas son promesas y nunca se cumplen”.

Aseguró que hace poco tiempo mantuvo un encuentro con Carosio quien “nos atendió muy enojado y ofendido porque dice que nosotros lo sacamos en los medios y hablamos cosas de él”.

“Nosotros solo dijimos la verdad, que no se cumplió con el trato. Carosio no ha cumplido nada y queremos que antes de que se vaya nos deje una solución”, señaló la vecina.

Según dijo el Fiscal de Estado les habría manifestado que era imposible dar una respuesta a ese reclamo, especialmente teniendo en cuenta que en poco tiempo deja su cargo. “Nos dio a entender que nos arreglemos con el gobierno que viene”, dijo Ortiz.

Explicó que ya está en marcha una ejecución del incumplimiento del contrato, instancia que ese ejecutada por los abogados Ricardo Montanari y Tomás Rébora.

“No queremos llegar a un juicio largo de cuatro o cinco años. Queremos una solución pronto. Vemos que se hacen un montón de viviendas pero, ¿por qué no nos dan las nuestras?”, se preguntó Ortiz.

Dijo además que los 500 pesos de alquiler que se prometieron “se están pagando solo en algunos casos a algunas familias” pero aclaró que “esos 500 pesos ya no alcanzan para nada”.

“El gobierno tiene culpa en esto. Atrás de este señor Sansuerro están las autoridades provinciales que no supervisan que esta entidad vende terrenos y tiene con líos por todos lados”, finalizó la vecina.