El legislador Raúl Martínez calificó de “incomprensible la apelación del gobierno nacional a la decisión judicial de restituir las pensiones por invalidez que suspendió a principios de este año”. Pese al anuncio de la ministro de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, que serían restituidas, la paradoja es que el gobierno se ajusta a derecho para cercenar un derecho”.

El legislador del Frente para la Victoria recordó que “en su momento desde nuestro Bloque generamos una Comunicación al gobierno nacional para que revierta la medida y, si bien se restituyó pensiones que habían sido eliminadas durante este año, no se restituyeron las 90 mil pensiones dadas de baja en el 2016”.

Para Martínez el gobierno nacional patentiza con este recurso una mirada viciada, que ya ni siquiera puede argumentarse desde el ahorro y la eficiencia de las cuentas públicas.

“La suspensión de una pensión no es sólo el derecho a una suma mensual de una persona con discapacidad; significa además la pérdida de cobertura de salud y medicamentos, que pone a la persona en un total estado de indefensión y abandono por parte del Estado”, dijo Martínez.

“Para justificar este desatino desde el propio gobierno nacional se nos dijo que era ello producto de los desmanejos del gobierno anterior que teóricamente había entregado este tipo de pensiones a personas que no eran discapacitadas o que estaban fallecidas, en otro supuesto gran caso de corrupción política y moral”, rememoró el parlamentario.

“Sin embargo, el propio Jefe de Gabinete en su última comparecencia ante el Congreso de la Nación informó oficialmente que de las pensiones por discapacidad eliminadas, sólo el 3 por ciento corresponde a pensiones mal otorgadas y un 2 por ciento a personas fallecidas”, informó Martínez.

“Es esta una oportunidad concreta para que el Poder Judicial, confirmando la medida cautelar apelada por el gobierno de Macri, nos demuestre que en la Argentina aún triunfa la ley y el sentido común”, concluyó.