En el marco de la sesión extraordinaria realizada el jueves pasado, la Legislatura provincial aprobó por mayoría y en primera vuelta un proyecto de ley que establece que los conductores de vehículos automotores que provoquen siniestros viales bajo consumo de alcohol, estupefacientes o mediante conductas irregulares graves deberán reintegrar al Estado los gastos de atención médico-asistencial, tanto propios como de terceros afectados. La norma obtuvo media sanción en un contexto polémico ya que apenas se logró quorum para su tratamiento. Hay dudas sobre su constitucionalidad.

La iniciativa fue impulsada por el legislador Fernando Frugoni, del bloque Coalición Cívica ARI – Cambiemos, quien durante la presentación destacó los aportes realizados por los legisladores Lucas Pica y Facundo López, que permitieron introducir mejoras al texto original para garantizar una recuperación efectiva de los fondos públicos destinados a la atención de estos hechos.

En ese sentido, Frugoni cedió la palabra al legislador Pica, quien detalló los cambios incorporados al proyecto, orientados a fortalecer los mecanismos de cobro por parte del Estado en los casos en los que deba hacerse cargo de los costos derivados de siniestros viales evitables.

La ley será de aplicación cuando los gastos ocasionados no sean cubiertos por obras sociales o compañías de seguros. Entre las conductas irregulares graves contempladas se incluyen no respetar la luz roja del semáforo, circular a una velocidad superior a la máxima permitida, conducir de manera temeraria y hacerlo sin licencia habilitante o con la misma vencida.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud, o el organismo que en el futuro lo reemplace, que deberá fijar el arancelamiento de los servicios médico-asistenciales conforme al nomenclador que se establezca, arbitrar los medios necesarios para el recupero de los costos y certificar la deuda con carácter de título ejecutivo, según determine la reglamentación.

El proyecto también prevé que las personas responsables de los siniestros que hayan requerido atención del sistema público de salud deberán realizar capacitaciones obligatorias en materia de seguridad vial. Asimismo, se establece que el 20% de los recursos recuperados será destinado a programas oficiales de prevención y concientización vial, así como a organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social esté directamente vinculado a esta problemática.