Un grupo de politólogos docentes del Centro Regional Zona Atlántica de la Universidad del Comahue (CURZA) manifestaron ayer su oposición al proyecto de creación del Colegio Profesional de Ciencia Política en el que avanza la Legislatura.
Los politólogos fueron recibidos por el secretario legislativo Daniel Ayala, a quien entregaron notas firmadas por la Sociedad Argentina de Análisis Político, el Departamento de Estudios Políticos, el Centro de Estudios de análisis Político y el Centro de Estudiantes de la Universidad del Comahue, dirigidas al presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, y a los legisladores, en las que plantean su oposición.
El director del Departamento de Estudios Políticos del CURZA, Pedro Dall'Armellina, y los graduados Brian Richmond y Luciano Raggio explicaron los motivos por los cuales rechazan el proyecto.
Richmond aseguró que el proyecto está viciado de una falta de legitimidad de origen debido a la falta de consenso y de apertura del debate. “Quienes presentaron el proyecto, se autodenominan politólogos autoconvocados, pero en ningún momento dan a conocer sus nombres”, señaló.
“En ningún momento hemos sido anoticiados ni convocados a un debate previo. Obtuvimos conocimiento de la iniciativa recién cuando ya había sido aprobado en la primera comisión, la de Educación, y al contactarnos con colegas de otras ciudades de la provincia nos manifestaron su desconocimiento. Éste es el primer argumento en contra de un proyecto que en sus fundamentos habla de la calidad democrática que los politólogos podemos aportar a las instituciones, sin embargo en este proyecto, claramente hace agua porque la mayoría de los implicados no hemos sido consultados”.
Además cuestionó que no fueron consultados “sobre un proyecto que pretende regular nuestra disciplina, obligarnos a matricularnos compulsivamente para ejercer en cualquiera de los ámbitos en los que la profesión de politólogos nos permite por incumbencias de título".
También apuntaron a la inconstitucionalidad de la iniciativa, "si el título fue expedido por una autoridad nacional, una provincia no podría arrogarse la responsabilidad de regular un título ya avalado por autoridad nacional y de obligar a matricular a sus profesionales", remarcó Richmond.
En el mismo sentido, Raggio agregó que “el artículo 126 de la Constitución Nacional expresa qué constituye una profesión liberal, por ende exigir determinada matrícula profesional para su ejercicio es competencia del gobierno federal y nunca de la provincia, entonces ahí es donde incurrimos en un problema ya más grave, ya que no nos pueden hacer matricular compulsivamente".
Dall'Armellina aseguró que este requisito “viola nuestro derecho como trabajadores porque claramente estaríamos en desigualdad de condiciones, teniendo la misma competencia de título en desigualdad de condiciones con otra profesión”.
Según Richmond, otro punto preocupante es la “vigilancia ética” que el proyecto contempla y que implicaría la potestad de juzgar, sancionar, multar e inhabilitar a cualquier profesional.
23 diciembre 2025
Río Negro