Por cuarto año consecutivo presenté mi declaración jurada de bienes e ingresos, sin tener la obligación de hacerlo. Entiendo que, como dirigente de uno de los sindicatos más grandes de la provincia de Río Negro y secretario general de un órgano colectivo, tengo el deber moral de transparentar mi tarea para poder exigir a funcionarios que administran recursos del Estado que también lo hagan.

Desde el año pasado impulso por eso un proyecto de modificación de la ley provincial 3550 de ética de la función pública, con la intención de que sea obligatoria la declaración jurada para dirigentes que encabezamos organizaciones representativas. Estoy convencido de que debe existir una fiscalización social sobre nuestra evolución patrimonial y la de nuestras familias.

Esa ley, sancionada originalmente en 2001, expresó un gran avance porque exigió por primera vez que personas con cargos en el Estado provincial rindan cuentas sobre su patrimonio. Y promueve que de manera voluntaria lo repliquen miembros de cuerpos colegiados de conducción de asociaciones de trabajadores, empresarias, profesionales, comunitarias y sociales. Pero nadie, sin estar obligado, lo hizo.

La dirigencia sindical está desprestigiada y el poder se encarga de que eso ocurra diseñando estereotipos y generalizando singularidades. También nos mide con distinta vara: mientras la Justicia no va a fondo con los mansos propietarios de millonarios inmuebles, otros hemos estado detenidos por protestar.

Más aún, el presidente Mauricio Macri eligió como sindicalista más cercano a un hombre cuya muerte desató una bochornosa disputa por su herencia: hoteles, empresas agropecuarias, departamentos y cuentas en el exterior.

En la cotidianidad del ajuste sobre el Estado y el salario de su personal, el Ministerio de Trabajo elige de aliado a sindicalistas con sueldos de empleado público y una colección de caballos pura sangre, billetera Louis Vuitton y participación en la Sociedad Rural Argentina.

A propósito, se difundió semanas atrás que el Poder Ejecutivo excluyó a dirigentes sindicales de la obligación de realizar su declaración jurada patrimonial en el anteproyecto de una nueva ley nacional de ética pública. ¿Por qué? ¿Prosperará al menos algún tipo de fomento para que la presenten?

En un contexto de connivencia entre un sector del poder político y la burocracia sindical, depende de nosotros recuperar la confianza de la sociedad. El sindicalismo no puede seguir siendo una isla exenta de control. En muchos casos, la actividad gremial linda con la impunidad. No es exagerado sostener que existen dirigentes ricos con representados pobres.

El "que se vayan todos" no estuvo destinado solo a la dirigencia política, sino también a una dirigencia sindical que en gran parte no se fue y se perpetúa en cargos con fabulosos privilegios y fortunas imposibles de ser justificadas.

Quienes buscamos transformar la sociedad debemos entender que estamos de paso en la conducción de nuestras organizaciones. Que necesitamos administrarlas sin reproducir el statu quo. Que no podemos tener un nivel de vida mejor a costa de nuestros representados.

No cabe duda de que este tipo de iniciativas son respaldas por el pueblo. Lo hemos comprobado. Está en manos de los legisladores de Río Negro, y en diputados y senadores nacionales producir cambios más profundos para alumbrar una nueva etapa.

No sé si he sido el primero, pero espero no ser el último.

* Secretario General de ATE Río Negro.