Legisladores del FPV (Carina Pita, María Inés Grandoso, Marcelo Mango, Nicolás Rochas, Jorge Vallazza y Luis Albrieu), elevaron el pedido, vía la Legislatura provincial, al Honorable Congreso de la Nación, para que “se dé tratamiento y aprobación al Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo”.

La iniciativa, expresa que “hace menos de un año, la histórica e incansable lucha de las mujeres encontraba un nuevo escollo, uno más, en el camino hacia una sociedad más libre e igualitaria. Hace menos de un año el escollo devino institucional. Fue una mayoría circunstancial de Senadoras y Senadores quienes frustraron no solo la posibilidad avanzar en ese camino, sino que también avalaron el patriarcado, el machismo y la misoginia, que se cobra los cuerpos de millones de mujeres, cuando no su propia vida”.

Por su parte, la legisladora Pita indicó que “ante la posibilidad de que el Congreso de la Nación vuelva a tratar el nuevo proyecto presentado, ratificamos nuestros fundamentos oportunamente expresados y la solicitud de tratamiento y aprobación del mismo (…) La práctica de abortos ilegales en nuestro país y en el mundo, revela uno de los flagelos más graves que padece nuestra sociedad. Al estar penalizado, se realizan en condiciones de higiene paupérrimas, constituyendo la mayor causal de muerte materna”.

“A modo de ejemplo, desde que se implementó la legalidad del aborto en la República Oriental del Uruguay, en diciembre de 2012, disminuyó a cero la mortalidad de las mujeres que practicaron una interrupción del embarazo en un ámbito seguro y aséptico. Asociada a políticas públicas que educan en salud sexual y reproductiva, también ubica a ese país en uno de los que menos abortos practican en el mundo”, expresó Pita.

“Es importante aclarar que este nuevo proyecto de ley ha sido avalado por más de 60 diputadas y diputados nacionales pertenecientes a distintos partidos políticos. Asimismo, en la iniciativa ingresada a la Cámara de Diputados, se han incorporado algunas modificaciones respecto del proyecto que fuera rechazado el año pasado en la Cámara Alta. No hay ni habrá democracia sustantiva, mientras el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sea vulnerado por un Estado incapaz de avanzar en la definición de políticas públicas laicas”, destacó la legisladora rionegrina.