La Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro manifestó su más enérgico repudio a resolución 598/19 del Ministerio de Seguridad de la Nación que instaura el "Servicio Cívico Voluntario en Valores” a cargo de la Gendarmería Nacional.

La Asociación instó a los Concejos Deliberantes de Viedma y Patagones y a la Legislatura de Río Negro a comunicar por vía institucional ese mismo repudio al Gobierno Nacional.

La implementación de ese "Servicio" tiene a la provincia de Río Negro como uno de los primeros sitios del país dado que se implementará en la ciudad de San Carlos de Bariloche, zona especialmente signada por el accionar de Gendarmería Nacional en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y en el asesinato de Rafael Nahuel por efectivos de Prefectura Nacional, indicaron.

A su vez agregaron que “La puesta en marcha de este tipo de políticas en un marco de evidente represión de la protesta y de ataques reiterados a los organismos y entidades de defensa de los Derechos Humanos, muestran un plan sistemático del actual gobierno empeñado en retrotraer los efectos de la Verdad y la Justicia a los tiempos más oscuros en la negación del genocidio, lo cual se suma al intento de establecer el 2x1 para los represores, torturadores y asesinos condenados por crímenes de lesa humanidad”.

Los familiares y víctimas del terrorismo de Estado profundizaron “la insistencia en un falso debate sobre la cifra definitiva de los desaparecidos durante la última Dictadura Cívico-Militar-Eclesiástica, entre otras acciones y políticas que intentan minar el camino que hemos recorrido en la búsqueda de memoria, verdad, para la consecución de una sociedad 2mas justa e igualitaria”.

Señalaron asimismo que “la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro rechaza lisa y llanamente el cometido y particularmente el propósito de la citada Resolución, señalando a su vez que el lugar de formación cívica y de cultura democrática de nuestros adolescentes y jóvenes no son los cuarteles, en mucho de los cuales se concretaron crímenes de lesa humanidad, sino las aulas de las instituciones  educativa públicas que la Constitución Nacional, las Constituciones Provinciales y las leyes vigentes prevén, y que con la lucha del pueblo argentino hemos logrado sostener y defender  a pesar de los intentos de desprestigiarla y ahogarla financieramente. 

Para finalizar exclamaron que “se reitera la necesidad de encontrar en los estamentos institucionales de la democracia las consecuentes manifestaciones que permitan dejar sin efecto lo anunciado. Convocamos e invitamos de esta manera a los y las integrantes de los cuerpos legislativos y deliberantes de nuestra provincia a acompañar este pedido de rechazo”.