Aumentó más de un 4% respecto octubre la cantidad de inquilinos e inquilinas que no pueden pagar el alquiler. El dato que arroja esta vez la encuesta son otros endeudamientos: el 76,1% de los inquilinos debe entre uno y tres meses de servicios. Los niveles de endeudamiento son cada vez más altos, y el Decreto 320 (ahora 766) termina el 31 de enero, y sin repunte de la economía.

"Desde que se inició la pandemia, todos los meses aumenta la curva de endeudamiento en materia de alquileres, y ahora sumamos un dato más: el 76,1% de los inquilinos debe entre uno y tres meses de servicios. En enero, finaliza el Decreto 320 (ahora 766), y hasta el momento no hay soluciones de fondo que permitan desendeudar a los inquilinos e inquilinas, lo que puede convertirse en un verdadero caos por la cantidad de juicios a garantes, o por desalojos", señaló Roberto Díaz, presidente de la Unión de Inquilinos Rionegrinos.

 La encuesta del mes de noviembre, arroja que el 44,51% de los inquilinos/as de la provincia de Río Negro, no pudo pagar al menos una parte del alquiler, subiendo 4 puntos porcentuales respecto el mes de octubre. Esto tiene una explicación: el impacto económico del COVID-19 hizo que muchas familias tengan menos ingresos, y el dinero disponible se utilice exclusivamente para alimento, como primera medida.

 Por otro lado, este dato se cruza con la gran cantidad de ingresos que absorbe el pago de los servicios: el 66% de los inquilinos e inquilinas destinan entre el 40% y el 100% de sus ingresos. Los que no se endeudan con los servicios, se endeudan con el alquiler, o viceversa, aunque hay un 40% que se está endeudando en ambos rubros.

"Sostenemos que, sin extensión del Decreto, y sin política de desendeudamiento, vamos a tener un Enero de 2021 muy díficil. Necesitamos encontrar ya una respuesta para los inquilinos e inquilinas, y llevarles tranquilidad", aseguró Roberto Díaz.

 Esto se debe a que los ingresos en el sector siguen a la baja todos los meses, y no hay perspectiva de mejora en el corto plazo, dado que los principales factores que traccionan la economía están paralizados. Es así que el 46,6% de los locatarios, tiene menos ingresos que el mes pasado, por lo que aumentan sus deudas al no poder generar los ingresos necesarios.

Por otro lado, el 37,5 señaló haber sufrido cortes en los servicios (generalmente como estrategia para desalojarlos), hostigamiento, o desalojos. Todo ello, ante la falta de controles y sanciones por parte del Estado, para que se garanticen los derechos constitucionales de acceso a la vivienda.

Finalmente, la encuesta arroja que, pese a que la Ley Provincial 2051 prohíbe el cobro de la comisión inmobiliaria a los inquilinos/as, casi el 64% señaló haber tenido que pagarla por la necesidad de acceder a un techo.