El bloque del Frente de Todxs pidió formalmente al Ejecutivo Provincial que informe a través de la Secretaría de Energía, a cargo de Andrea Confini, las circunstancias en las que la directora del organismo, Verónica Olea Picapietra, fue detenida por efectivos de Gendarmería Nacional cuando transportaba 3 millones de pesos en efectivo en un vehículo oficial.

Los legisladores y legisladoras quieren conocer puntualmente si la ahora ex funcionaria viajaba en ejercicio de sus funciones, cuál era la tarea a desarrollar, y el destino de la abultada suma en su poder, que llevaba en forma irregular al momento de ser interceptada por un control vehicular realizado por la fuerza federal en la localidad de Dina Huapi el pasado viernes.

Desde el bloque legislativo que preside María Eugenia Martini pidieron además que se adjunte la documentación que justificó la utilización del vehículo oficial, la planilla de viáticos y las correspondientes autorizaciones.

Solicitaron también que la secretaria de Energía explique y aporte la documentación respaldatoria para la tenencia del dinero, que se detalle su origen, el destino y los motivos en torno a dicha irregularidad que ya desencadenó en la Justicia una investigación por lavado de dinero.

El hecho ocurrió el viernes pasado, pero tomó estado público recién este miércoles. La Justicia Federal deberá determinar de ahora en más si esa cifra hallada en poder de la funcionaria provincial tenía origen en alguna actividad ilegal.

“Es un hecho de extrema gravedad que conmociona a la sociedad y despierta sospechas que de ningún modo podemos naturalizar”, opinó María Eugenia Martini. “Para esto es central la rápida acción de la Justicia. Se trata de una funcionaria del Gobierno provincial y por lo tanto hay algo más que la posible comisión de un delito. Lo que los ciudadanos sienten es además que el Estado, que justamente está ahí para protegerlos y garantizar la seguridad, aparece involucrado en una maniobra por lo menos oscura”, indicó.

“Debemos tener en claro que no hay lugar acá para el juego político, no se trata de colores partidarios, sino de construir un Estado mejor, una sociedad mejor, que pueda confiar en sus instituciones. Por eso como legisladores tenemos la obligación de pedir explicaciones en nombre de todos los rionegrinos, y esperar no sólo que la Justicia lo esclarezca lo más pronto posible, sino trabajar además para que hechos así no ocurran nunca más”, concluyó.