El Concejo Deliberante de San Antonio Oeste aprobó este jueves un polémico convenio a través del cual el Municipio cede dos hectáreas costeras, ubicadas a pocos metros de la zona portuaria de San Antonio Este, en dirección a Punta Villarino, a una empresa privada que propuso instalar allí un taller naval.

El inmueble se ubica en el Área Natural Protegida Bahía de San Antonio y es considerado de máxima vulnerabilidad por su valor histórico y ambiental, ya que está muy cerca de las primeras construcciones en la zona que datan de finales del Siglo XIX.

La ratificación del acuerdo entre la empresa y el Ejecutivo que conduce Adrián Casadei tuvo el voto favorable del oficialismo y del integrante de la bancada del Frente de Todos que representa a la UOCRA, Eduardo Cayunao. En cambio, el presidente de ese bloque Guillermo Masch y las concejalas Marcela Dodero y Vanesa Carmona rechazaron por considerar que “pone en riesgo esa zona y además por la falta total de precisiones sobre el proyecto, la sustentabilidad económico - financiera de la firma impulsora, los antecedentes empresariales y de sus directivos y, fundamentalmente, el posible impacto ambiental que cualquier intervención en ese espacio pudiera provocar”. Aseguraron que "Casadei hipoteca el futuro de la ciudad".

Los ediles opositores se quejaron de que “la firma que presentó el proyecto es Max Technology SRL, cuyos datos económicos y financieros no figuran en el escueto expediente elevado a este Concejo. Su representante ante el Municipio es Diego Goñi, un emprendedor naval del que nada se aporta en este trámite de manera formal", afirmaron los integrantes del bloque.

Según pudieron saber los representantes del FdT, “Max Technology es una firma que desde junio de 2018 está registrada para el transporte aéreo de pasajeros y recién hace un año, en marzo de 2020, se inscribió para la construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte”.

El acuerdo dice que “se promueve la instalación de un Taller para reparaciones navales en San Antonio Este, para la restauración y acondicionamiento de buques de diversa índole, especialmente pesqueros, que operan en la plataforma continental Argentina, siendo esta una demanda insatisfecha en nuestro puerto de aguas profundas”. Pero los ediles del FdT marcaron que la empresa no se dedica a esa actividad.

Para ello, la Municipalidad le cederá un inmueble de 200 metros sobre el mar por 100 metros sobre el continente, constituyendo una superficie total de 2 hectáreas de valioso patrimonio municipal por el cual Max Technology pagará 180 mil pesos mensuales.

El FdT, al no contar con información de la empresa, buscó datos del apoderado. Según determinaron se trata de Diego Goñi, un piloto militar retirado, quien revistió en la Aviación Naval durante la dictadura y pidió la baja en 1983 tras la guerra de Malvinas. Un artículo del diario La Nación dice que desde entonces se dedicó a crear empresas y tiene una firma exportadora. Afirman que tendría vínculos con algunos empresarios de la región.

“En conclusión, de la firma Max Technology, nada se sabe y de su apoderado, Diego Goñi, lo que se sabe no da ninguna tranquilidad”, afirmaron.

“Allí, entre médanos y mar, a unos pocos metros del puerto y de la colonia de lobos marinos, una firma desconocida, en manos de un ignoto empresario, usufructuará dos hectáreas costeras por al menos 10 años”, agregaron.

Otro punto cuestionado fueron los estudios de impacto ambiental ya que “en las breves diez carillas que nos elevaron existe un informe que carece de validez legal, porque lleva la firma de un investigador local, que trabaja desde una consultora particular, para lo cual está inhabilitado por ser científico full time del Conicet, organismo que no autorizó, al menos expresamente en el expediente, a la realización del estudio”.