Ante los proyectos de reducción de la jornada laboral propuestos en el Congreso, el Secretario Adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, coincidió “plenamente con la idea de modificar un régimen que ya tiene 108 años de antigüedad”, pero aseguró que “este es un debate que debe también ampliarse al sector público".

“El hecho que en el Estado los vínculos laborales se rijan por otra normativa, no impide visualizar las consecuencias positivas que se derivarían a partir de reducir la jornada laboral actual", indicó el dirigente. Para la administración pública nacional rige el convenio colectivo 214/06, el cual establece 180 horas mensuales como base para sus trabajadores y 120 en casos especiales.

Actualmente hay 4,5 millones de personas en calidad de sobreocupados, es decir que trabajan más de 45 horas a la semana, según detalló un informe de Claudio Lozano para el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP). "Esta medida permitiría bajar los altísimos niveles de precarización laboral que existen tanto en la administración pública nacional como en la mayoría de las provincias y en los 2.300 municipios del país", sostuvo el adjunto estatal.

"El Estado no es una empresa y por lo tanto no está obligado a generar ganancias o utilidades. En medio de la crisis puede y debe aportar a la generación de nuevos puestos de empleo en todo el país", opinó Aguiar. A pesar que existen dos proyectos de ley en el Congreso para tratar el tema, desde el Ejecutivo consideran que aún no es posible implementar una reducción de la jornada. En tanto, el conductor de UPCN, Andrés Rodríguez, indicó desde la cúpula de la CGT que no es necesaria esta implementación y que, por el contrario, los trabajadores deben aumentar la producción.

Por su parte, el referente de ATE indicó: "Una jornada con menos horas laborables y más salario también pondría fin a los abusos o autoexplotación de algunos sectores como el de salud que, para lograr un piso de ingresos digno, deben duplicar y hasta triplicar sus jornadas con las denominadas horas o guardias extras". El informe del IPyPP también demostró que la sobrejornada laboral no garantiza aumentos significativos de salarios, ya que para ganar apenas un 4% por encima del promedio,  los trabajadores deben incrementar más del 40% el tiempo de trabajo.

Aguiar consideró que "una reformulación de la jornada laboral se traduciría sin dudas en servicios o prestaciones públicas de mayor eficiencia y calidad, además de bajar los altos índices de enfermedad en los trabajadores". El informe demostró que si se hiciera efectivo el control de la jornada laboral vigente, podrían liberarse 1,6 millones de puestos y se resolvería el 80% de la desocupación. Esto surge de traducir en empleo las 14,8 horas excedentes de cada uno de los 4,5 millones de sobreocupados, según el documento.