Desde el Gobierno provincial se impulsa la creación de un marco que regule y fomente la movilidad sostenible, como forma de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, provenientes del sector del transporte de cargas y pasajeros.

La iniciativa, que ya ingresó a la Legislatura, forma parte de un paquete de tres normas que impulsa la Gobernadora para comenzar a enfrentar las consecuencias del cambio climático en la provincia.

Se incluye a los vehículos destinados al transporte de personas y cargas, sean estos automóviles, ómnibus, camiones, trenes, bicicletas, naves acuáticas o cualquier otro sistema de movilidad.

El marco regulatorio propuesto es un instrumento necesario para establecer una paulatina transición del transporte basado en el uso de recursos no renovables (combustibles fósiles) hacia tecnologías basadas en energías más limpias, como la eléctrica, las celdas de combustible (hidrógeno), el GLP o cualquier desarrollo futuro.

Según datos de informes nacionales, el sector del transporte representa un 13,8% de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el país, además de un 30,9% del consumo final de los recursos energéticos. Se vislumbra como necesario implementar políticas públicas tendientes al uso racional y eficiente de la energía en este sector.

En lo que respecta a infraestructura de carga, se apunta a garantizar el cumplimiento de condiciones técnicas, la compatibilidad de las estaciones de recarga en todo el país y la interoperabilidad a nivel regional. También se garantiza el derecho de cargar su propio vehículo en su domicilio, teniendo en cuenta que la carga doméstica es la principal opción para los propietarios.

Entre otras cosas, se propone contribuir con políticas de fomento de la comercialización, producción e industria nacional vinculada al desarrollo de vehículos sostenibles e infraestructura asociada, siempre que generen un impacto positivo en el ambiente y la calidad de vida.

La implementación de estas políticas se realizará de forma progresiva, procurando integrar las demás acciones públicas sectoriales con las cuales se vincula, generando instancias de articulación para ello.

El Estado fomentará medidas de carácter fiscal, crediticia o de ayuda económica para el fomento y promoción de la movilidad sostenible. La reglamentación de la ley establecerá los beneficios concretos, previa intervención de la Agencia de Recaudación Tributaria.