El pedido de informes sobre el destino de los recursos asignados a Río Negro a través del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos ya fue remitido al área correspondiente del Poder Ejecutivo provincial. La iniciativa apunta a establecer si los fondos previstos para el año 2025 y los rendimientos acumulados de períodos anteriores fueron efectivamente percibidos, si se cumplieron los requisitos administrativos para acceder a ellos y si, en caso de haber ingresado, fueron ejecutados conforme a la normativa vigente.

El requerimiento fue presentado por la legisladora Magdalena Odarda y está dirigido a la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, Judith Giménez. El planteo se vincula con la Resolución Nº 546/2024 del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), firmada por la funcionaria en representación de Río Negro, que estableció los montos a transferir a las provincias en el marco de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

De acuerdo con lo dispuesto en esa resolución, a la provincia le correspondía recibir al menos $142.435.153 en concepto de distribución del fondo nacional, además de $21.004.915 por rendimientos acumulados de los años 2022 y 2023, junto con otros recursos que pudieran corresponder. El pedido legislativo busca determinar si esos montos fueron efectivamente acreditados en las cuentas provinciales.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de las y los legisladores José Luis Berros, Ayelén Spósito, Luciano Delgado Sempé, Fabián Pilquinao, Daniel Belloso y Alejandra Mas. Entre los puntos centrales, se solicita a la Secretaría de Ambiente que informe si se presentaron solicitudes de financiamiento para proyectos de formulación, planes de manejo y conservación de bosques nativos, y que remita la nómina completa de los proyectos elevados ante la autoridad nacional de aplicación de la ley.

Además, se requiere información sobre la carga y eventual aprobación del Plan Estratégico Anual (PEA) correspondiente a los años 2023 y 2024 en el Registro Nacional de Planes, uno de los requisitos administrativos necesarios para acceder a los fondos nacionales previstos por la normativa.

En caso de que los recursos hayan sido transferidos a la provincia, el pedido de informes solicita precisiones sobre la fecha de acreditación, la entidad bancaria interviniente, el destino de los fondos y los programas financiados. En ese detalle se incluye si los recursos fueron utilizados para acciones vinculadas al manejo, recuperación y protección de los bosques nativos, así como para salarios, insumos y equipamiento del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF).

Finalmente, el requerimiento solicita que se informe si existieron incumplimientos, tanto en el supuesto de que los fondos no hayan sido percibidos en tiempo y forma como en el caso de que, habiendo ingresado a las arcas provinciales, no hayan sido ejecutados. En ese marco, se pide conocer qué gestiones se realizaron ante la autoridad nacional, si intervino la Fiscalía de Estado y qué responsabilidades administrativas podrían corresponder.