El abogado de la familia de Gabriel Mandagaray, Damián Torres, se mostró conforme con la pena establecida contra la instructores que provocaron la muerte del joven oficial de la Policía mientras se desarrollaba un curso de ingreso al cuerpo especial COER en abril del 2021.

“Estamos conformes porque se dio una pena de cumplimiento efectivo, se puede estar un poco más o menos conforme en cuanto a la cantidad de años, pero entendemos razonables estas penas”, indicó. No obstante, reconoció que “por supuesto que por la pérdida de un hijo o a su pareja por la pérdida de su esposo si hubiera prisión perpetua la hubieran querido, pero las penas estipuladas están dentro de lo que se puede pedir de acuerdo a la ley”.

Torres adelantó que “estos instructores tendrán ahora una instancia de apelación ante el Tribunal de Impugnación y en agosto se iniciará el juicio contra las autoridades del área de capacitación, contra jefes que no controlaron la realización del curso. Se va a discutir si pueden seguir siendo policías o no, por ausencia de control”.

Aclaró que el jefe de Policia, Osvaldo Tellería no está imputado porque “no es él quien tenía que controlar. Por norma, los comisarios de alto rango del área son los encargados. El jefe de Policía va a declarar porque termina aprobando un curso y lo que ocurrió fue ausencia de control, por lo que su declaración va a ser importante, pero como testigo. Si hubiéramos encontrado algún elemento para imputarlo lo hubiéramos hecho”.

Se espera para esas autoridades policiales penas de inhabilitación y no de prisión efectiva, porque están imputados por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.

Torres comparó lo sucedido con Mandagaray con el caso Carrasco que “trajo consecuencias con relación al servicio militar. Uno pensaba que no iba a pasar una cosa similar, pero nos encontramos con este hecho. Debería servir para algo, cuando se vuelva a hacer un curso de formación del COER este hecho deberá tener cabida dentro de la organización del curso”.