La investigación por la presunta utilización de certificados médicos falsos para justificar inasistencias laborales de agentes públicos dejará de tramitar en Viedma y continuará en las circunscripciones judiciales de General Roca y Cipolletti. La medida fue dispuesta por un juez de Garantías, que consideró que la distancia podía dificultar el ejercicio del derecho de defensa de las personas imputadas.

La causa busca determinar si agentes policiales, penitenciarios y docentes presentaron documentación médica falsa para justificar ausencias laborales y cobrar sus salarios sin los descuentos correspondientes. La acusación encuadra los hechos investigados en los posibles delitos de fraude a la administración pública y uso de documento falso.

La investigación incluyó allanamientos en General Roca, secuestro de teléfonos y computadoras, análisis de conversaciones y peritajes sobre documentación vinculada con licencias médicas. También se incorporaron informes de organismos públicos y estudios de áreas técnicas del Ministerio Público Fiscal.

Durante las audiencias, las defensas solicitaron que el expediente dejara de tramitar en Viedma. Argumentaron que los hechos investigados ocurrieron principalmente en General Roca y Cipolletti, donde se habrían presentado los certificados y donde residen gran parte de las personas investigadas.

También advirtieron que la distancia complicaba las entrevistas entre abogados e imputados, la preparación de las estrategias defensivas y la producción de pruebas. Sostuvieron que mantener el proceso en la capital provincial podía afectar el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

El Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado, que interviene como querella, se opusieron al traslado. Entre sus argumentos señalaron que el presunto perjuicio económico afectó a la administración provincial, cuya sede está en Viedma, y que buena parte de la investigación ya se había desarrollado desde esa ciudad. Además, advirtieron que cambiar el lugar de tramitación podía generar demoras y dificultades organizativas.

Qué resolvió el juez

El juez de Garantías Adrián Dvorzak analizó las posiciones y distinguió entre la competencia territorial de los magistrados y la organización del trabajo judicial dentro de la provincia. En primer lugar, rechazó formalmente el planteo de incompetencia territorial presentado por las defensas. Explicó que los jueces penales de Río Negro tienen competencia en todo el territorio provincial.

Sin embargo, consideró que existían razones suficientes para que la investigación continuara en las circunscripciones donde se habrían desarrollado los hechos. Señaló que allí se presentaron los certificados médicos, se realizaron medidas de investigación y se encuentran gran parte de las personas imputadas, sus abogados y las posibles fuentes de prueba.

El magistrado puso especial atención en las dificultades que la distancia puede generar para preparar una estrategia defensiva. Indicó que la comunicación virtual no siempre reemplaza las entrevistas personales ni garantiza las condiciones necesarias para organizar la defensa y desarrollar las medidas probatorias.

La resolución aclaró que el traslado no implica comenzar nuevamente la investigación. Las pruebas reunidas y las actuaciones realizadas mantienen su validez y podrán ser utilizadas por las autoridades judiciales que continúen con el expediente. También ordenó que los elementos secuestrados durante los allanamientos queden a disposición de los nuevos organismos intervinientes, con el cumplimiento de las reglas de preservación y cadena de custodia. La remisión de las actuaciones a los foros de jueces de General Roca y Cipolletti se concretará una vez que la decisión quede firme.

La resolución no determina la responsabilidad penal de las personas investigadas ni modifica los hechos atribuidos por la acusación. Define dónde continuará el proceso judicial, mientras la investigación sobre la presunta presentación de certificados médicos falsos sigue su curso.