En el marco de la investigación preliminar que el Ministerio Público Fiscal lleva adelante por el homicidio de Jonathan Caracciolo, perpetrado el 4 de julio pasado, se realizó en la jornada de hoy una audiencia pedida por la acusación.

En dicha instancia la Fiscalía, con la adhesión de la querella que representa a la pareja de Caracciolo. requirió al Juez la autorización para proceder a la apertura de un teléfono celular secuestrado en la vivienda de uno de los dos hombres que, de manera preliminar, están siendo investigados por haber formado parte del tiroteo del que provino la bala que impactó en la víctima y le produjo la muerte.

En este sentido dice el Artículo 148 del Código Procesal Penal rionegrino: “Incautación de Datos. Cuando se secuestren equipos informáticos o datos almacenados en cualquier otro soporte, se procederá del modo previsto para los documentos regirán las mismas limitaciones. El examen de los objetos, documentos o el resultado de la interceptación de comunicaciones, se hará bajo la responsabilidad del fiscal que lo solicitó. Los objetos o información que no resulten útiles a la investigación o comprendidas en las restricciones al secuestro, serán devueltos de inmediato y no podrán utilizarse para la investigación, previo ponerlos a disposición de la defensa, la que podrá pedir su preservación".

Los dos hombres presentes en la audiencia, con la asistencia letrada de un defensor oficial, no manifestaron objeciones a la medida. La revisión y extracción de datos, que realizará la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones de la Procuración General buscará en el dispositivo toda aquella información que en mensajes o a través de diversas redes sociales se hayan enviado/recibido entre el 3 y el 5 de julio. De la pericia podrán participar las partes intervinientes.

Cabe destacar que en la causa se lleva a cabo actualmente la investigación preliminar y aún no se han formulado cargos. Este tipo de medidas, que se suman a cotejo de elementos secuestrados que realizan los diversos organismos técnicos científicos tanto del Ministerio Público como de la Policía de Río Negro, testimoniales que continúan recabándose y el pedido de diversas pericias (entre ellas un dermotest) a partir de muestras tomadas a estas mismas personas. Todo ello tiene como objetivo lograr el sustento probatorio necesario para poder avanzar hacia la instancia de formulación de cargos.

Finalmente en la audiencia, y amparado en el principio de presunción de inocencia de dos personas a las que aún no se le han formulado cargos, el defensor oficial requirió la prohibición de la difusión de las imágenes de los hombres, petición que fue aceptada y determinada por el Juez de Garantías interviniente.