Ante el
anuncio de la implementación de un protocolo anti–expresión del
Ministerio de Seguridad de la Nación, la Asociación Trabajadores
del Estado (ATE) anticipó que no aceptará ningún condicionamiento
al ejercicio constitucional de movilización y protesta.
"Los
conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la
Policía, ni la Justicia. Los deben resolver quienes gobiernan, ya
que para eso son elegidos. Esta medida está orientada a atacar las
consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren
conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos”, dijo
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.
El sindicato
precisó que el ejercicio del derecho constitucional de huelga está
amparado por tratados internacionales de Derechos Humanos de los
cuales Argentina es parte. Se trata del artículo 14, artículo 14
bis y el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución
Nacional.
“Se trata de una atribución exclusivamente
legislativa, razón por la cual resulta ilegal e inconstitucional su
impedimento”, agregó.
Aguiar señaló además que no
existe norma que defina qué es una protesta. “La única limitación
que existe es temporal y la establece el Estado a través de la
autoridad administrativa de la Secretaría de Trabajo para que las
partes lleguen a un acuerdo mediante la conciliación obligatoria”,
profundizó.
“Patricia Bullrich viene a decir cómo hay
que hacer las cosas, pero para eso antes tiene que haber un principio
de legalidad. Tiene que haber una ley que establezca una norma. En el
caso del derecho de huelga no hay una norma que establezca cómo es”,
agregó.
5 noviembre 2024
Gremiales