La Asociación Trabajadores
del Estado (ATE) repudió la decisión del Ministerio de Capital Humano de cerrar
los Centros de Referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social y se declaró
en estado de alerta y asamblea permanente en todo el país.
Se trata de 59 centros
distribuidos en todo el territorio nacional, en los que prestan servicios más
de 600 trabajadores. Su cierre fue comunicado de manera totalmente informal por
la cartera que dirige la ministra Sandra Petovello vía la red social Twitter.
“Es inaceptable que se hable
de cajas de la política y de ñoquis cuando la mayoría de los trabajadores están
precarizados y hasta ponen plata de sus bolsillos para garantizar programas y
prestaciones”, lanzó el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar en respuesta
a los dichos de la funcionaria y remarcó que “tenemos que defender la presencia
del Estado Nacional en las provincias y las políticas públicas que a través de
los años se lograron consolidar. Por eso hemos convocado a asambleas en todo el
país y no descartamos tomar medidas de fuerza”.
Cabe destacar que los
Centros de Referencia (CDR) son oficinas descentralizadas del ex Ministerio de
Desarrollo Social, convertido hoy en secretaría dentro del organigrama del
Ministerio de Capital Humano. Su funcionamiento es clave para garantizar
políticas públicas que brindan derechos a las mayorías populares y vulnerables.
En este esquema las y los trabajadores conforman equipos profesionales y de
administrativos que desarrollan desde la contención a familias en situación de
vulnerabilidad o que transitan situaciones especiales -como una enfermedad
oncológica, la necesidad de audífonos o enfermedad definitivas- hasta trámites
vinculados a programas como el Monotributo Social, la tarjeta Alimentar,
Capacitaciones y Talleres, entre otros.
“Con la eliminación de los
Centros de Referencia, el Gobierno muestra toda su crueldad porque abandona a
millones de personas en todo el país, justamente los sectores sociales más
vulnerables de la sociedad. La decisión no tiene nada que ver con achicar
gastos, se trata de una política que apunta a la desintegración social”,
reclamó Aguiar y agregó: “Esta medida pone en riesgo 600 puestos de empleo y se
traducirá en un crecimiento notable de los índices de pobreza e indigencia, porque
a partir de esta resolución el Estado elimina numerosos programas y retira su
presencia del territorio”.
31 octubre 2024
Gremiales