Un motociclista sufrió un accidente grave al chocar contra un terraplén levantado por la municipalidad para cerrar los accesos a la ciudad de Roca durante el período más restrictivo de la pandemia de Covid-19. El montículo, de más de un metro de altura, estaba ubicado en la esquina de las calles Sargento Cabral y Cacique Catriel, en el extremo Este del ejido urbano, cerca de Colonia Fátima. A consecuencia del accidente, el joven sufrió una fractura de clavícula que requirió una operación, así como la colocación de placas y tornillos, resultando con una limitación irreversible de la funcionalidad de su brazo izquierdo.

El afectado inició una demanda contra el municipio y logró demostrar que el terraplén no contaba con la señalización obligatoria. En respuesta, un fallo del juez Contencioso Administrativo de Roca condenó al Estado Municipal y a su aseguradora a indemnizar al motociclista por la incapacidad laboral, las pérdidas económicas y el daño moral sufrido debido a la "falta de servicio" por parte de la administración local. La condena, incluyendo todos los rubros reconocidos, ascendió a una suma cercana a los siete millones de pesos.

Durante el juicio, se evidenció que el terraplén había sido colocado por la municipalidad con el objetivo de "desincentivar" el ingreso y salida de personas a la ciudad, en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado por el gobierno nacional.

En su defensa, la municipalidad argumentó que el joven "no debía transitar" por esa o cualquier otra calle, ya que no estaba habilitado como "trabajador esencial". Además, afirmó que el bloqueo de la calle no fue una acción "irregular", sino un "cumplimiento de las normas nacionales y provinciales que disponían el régimen de ASPO".

Sin embargo, la sentencia del juez señaló: “Cierto resulta que el Municipio debía cumplir con las disposiciones nacionales dictadas en el marco de un suceso extraordinario como resultó ser la pandemia Covid-19 del año 2020 y con ello procurar restringir la circulación vial de la ciudad. Sin embargo, el cumplimiento de los imperativos nacionales y provinciales, no lo eximían de mantener las calles públicas en condiciones de seguridad y mantenimiento que permitiera a los ciudadanos transitar por las mismas sin riesgo a ser dañados”.